Preocupación de la ONU por el exceso del uso de la prisión preventiva

Durante la presentación de su informe preliminar producto de su visita a diferentes cárceles y comisarías del país, el Grupo de Trabajo recordó que el gobierno de Mauricio Macri “tiene el compromiso” de dar una respuesta acerca del caso Sala sobre la base de las recomendaciones hechas por el organismo.

“Vinimos por invitación del Gobierno y eso tiene un compromiso de acompañarnos y hacer un seguimiento” del caso Sala, explicó Elina Steinerte, de Letonia, quien junto con Sètondji Roland Adjovi, de Beni, presentaron el texto en el Centro de Información de la ONU en Buenos Aires. Los especialistas en derechos humanos respondieron preguntas que, en su mayoría, se centraron en el caso Sala y, aunque no dieron novedades al respecto, dijeron que el reclamo de liberación “inmediata” hecho el año pasado “no está sujeto a revisión” porque, remarcaron, “su detención es arbitraria”.

Aclararon también que la visita que hicieron a Jujuy, Chubut y Buenos Aires para analizar si en el país se cumple la normativa internacional sobre privación de las libertades “no tuvo como objeto” el caso Sala, aunque pidieron a las autoridades provinciales y nacionales un informe sobre “cómo se va a implementar” la recomendación de su liberación.

El Grupo de Trabajo también cuestionó “las amplias facultades de la policía” para detener a personas, sobre todo a “grupos vulnerables”, como personas en situación de calle, pueblos originarios, migrantes y grupos LGTB. También puso en tela de juicio el “ uso en exceso de la prisión preventiva” e hizo un llamado de atención acerca de las condiciones en que se encuentran las personas afectadas por esa medida: “Tienen el mismo tratamiento que los condenados”, advirtió.

Otro de los ejes analizados durante la visita de los funcionarios internacionales fue la falta de aplicación de “medidas no privativas de la libertad” para personas que tienen un proceso judicial abierto. “El Poder Judicial debe verse alentado a aplicar medidas alternativas” que eviten que una persona que aguarda una condena no lo haga detenido como si la tuviera, determinaron Steinerte y Adjovi.

El Grupo de Trabajo, asimismo, puso la lupa sobre las condiciones de detención en comisarías y dijo “ver con alarma” que allí “se alberguen a detenidos durante períodos prolongados” de tiempo. “Encontramos detenidos que pasaron meses y a veces años” en las comisarías, sin que allí hubiera “personal policial capacitado” para atenderlos. También manifestó su “preocupación” por las medidas de “aislamiento” que se utilizan en cárceles y penales como método de castigo. En especial, calificaron de “alarmante” la utilización de este método en adolescentes que están por debajo de la edad de imputabilidad (16 años).

El Grupo de Trabajo comprobó que en el país hay chicos menores de 16 privados de su libertad, inclusive “un niño de 8 años”. Por tal motivo exhortó a las autoridades argentinas a que “garanticen que no se prive de la libertad a niños en centros inadecuados y que las fuerzas del orden se abstengan de utilizar fuerza y desproporcionada”.

Más adelante, los especialistas advirtieron la manera “selectiva” en que se aplica la justicia penal, sobre todo a personas de condición social vulnerable, como niños en situación de calle, inmigrantes y grupos LGTB. También alertaron sobre las detenciones “en contexto de protestas sociales” de miembros de pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales.

“Al Grupo de Trabajo le preocupó escuchar la violenta represión de las comunidades indígenas” en reclamo del cumplimento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla la propiedad de los territorios ancestrales.

Por último, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación acerca de las “deficiencias” en el tratamiento de personas privadas de la libertad que tienen algún tipo de discapacidad, y sobre la situación de los migrantes.

Luego de la lectura del informe preliminar, entregado a las autoridades argentinas y antesala del texto final que se incluirá en el informe anual ante la Asamblea de la organización, Steinerte confirmó que el Grupo no solo ratificaba su opinión respecto de la detención de Milagro Sala, a la que sigue considerando arbitraria, sino que comprobó la existencia de otros casos similares.

Además, la funcionaria aclaró que si bien hay un “compromiso” de los diferentes estratos de gobierno a cumplir con las recomendaciones, “la sociedad es la que tiene la función más amplia” de bregar por el cumplimiento de esas sugerencias. “Nuestros hallazgos preliminares piden a la sociedad argentina que no mire para otro lado”, enfatizaron.