Aldo. ADN

Es raro verlo a Aldo preso. Más raro aún, que su estadía sea prolongada. No fue raro verlo en imágenes durante la manfiestación de ATE en la Legislatura con los ojos irritados por el gas pimienta. Ni cortando el puente a la mañana. Ni mucho menos plantarse ante el endudamiento. Es Aldo. Lo conocemos todos.

Para el que no lo tiene visto, Aldo es Capretti, secretario Adjunto de ATE Río Negro. Aldo es odontólogo, un militante de años, un vecino de Viedma.

El miércoles pasado fue junto a sus compañeros del gremio a protestar contra la emisión de un bono de 580 millones de pesos que será destinado a financiar el Plan Castello. La Legistaura estaba vallada y cuando quisieron ingresar frente al edificio, se produjeron incidentes con la policía.

El saldo: 9 agentes hospitalizados y varios manifestantes con heridas leves, irritación ocular y principio de asfixia por los gases.

Uno de los heridos es Héctor. Héctor es agente y resultó con una fractura en el pómulo. Debieron internarlo y operarlo. Héctor es Rodríguez, hace 10 años reviste en la fuerza y tiene buenos vínculos con la sociedad.

Ambos son dos caras de una misma moneda. Podrían tranquilamente ser los protagonistas de aquellas comedias españolas que trataban desde el grotesco la tragedia de la Guerra Civil, o parte de un capítulo del libro de Osvaldo Soriano, «No habrá más penas ni olvido». Dos laburantes, vecinos, integrantes de la misma comunidad, enfrentados.

El preámbulo es para que se entienda la escena, reiterada, muy de moda en los 90´, pero con repiticiones fecuentes recientemente. Un gremio en la calle, luchando, y policías conteniendo la protesta. «Pobres contra pobres» dijo un agente después de la trifulca.

¿Qué cambio?. Que hubo una denuncia, un Fiscal la tomó, imputó a dirigentes gremiales, la policía detuvo a uno de ellos y ahora deberá estar 10 días detenido hasta que el Juez defina su situación procesal. No es frecuente. Hubo un antecedente cuando el presidente Mauricio Macri estuvo en Viedma. Una agante golpeada con una valla, un sindicalista preso, pero ninguna causa, ningún Fiscal actuando.

«Nos hartamos», dijeron desde el Gobierno. «Pasaron un límite». La Jefatura pidió reunir todo el material para presentar en el Ministerio Público: fotos, videos y una docena de testimonios llegaron a la oficina de Juan Pedro Puntel que rápidamente dio curso a la denuncia e imputó en tiempo récord a cuatro dirigentes sindicales. Según pudo determinar el Fiscal, hay suficiente evidencia para demostrar que Rodolfo Aguiar, Aldo Capretti, Ariel Leguizamón y Miguel Baez fueron quienes agredieron a los agentes, provocándoles heridas garves.

Los hechos ocurrieron el miércoles al mediodía. El jueves a la tardecita, la policía detuvo a Capretti. Según denunciaron, fue ilegal. No le mostraron al sindicalista la orden de detención, y hubo maltrato. Aldo, está denunciado por coacción agravada, atentado y resistencia contra la autoridad. Declaró ante el juez Carlos Mussi, y estará 10 días preso, lo que prevé la ley para resolver si es procesado o no.

Conviven varios factores. Quedan dudas sobre la inmunidad gremial. No tiene antecedentes. La rutina judicial indica que en estos casos después de la declaración, sobreviene la libertad. Pero Puntel pidió que sea retenido por peligro de fuga y entorpecimiento de la causa.

Es raro verlo a Aldo preso.

Desde la Justcia aseguran que se le imputan delitos comunes, que nada tiene que ver su actividad gremial ni su pensamiento político. Y muestran la declaración de los policías agredidos que dicen que además de ser golpeados, fueron rociados con nafta.

ATE reaccionó y dijo que hay «una cacería de dirigentes» de parte del gobierno. Su tituar, Rodolfo Aguiar, hizo responsable al gobernador por lo que pueda sucederle y dijo que teme por su vida. Otras organizaciones se solidarizaron. Los gremios que están enrolados en las CTA, como UnTER y SITRAJUR, pidieron la liberación de Capretti. El lunes habrá otras voces, otras reacciones y otros reclamos.

Para la Casa de Gobierno no es cómodo tener un gremialista detenido. Se ampara en la situación «criminal» pero no puede perder de vista el efecto político que esto genera en Río Negro, y que puede tener repercusiones nacionales. Una corriente de pensamiento en el oficialismo es que esto debe servir como mensaje, que nadie podrá traspasar los límites de la ley. Una suerte de protocolo antipiquete. Sin embargo, debe tener en cuenta que las protestas podrían ir en crecimiento, teniendo en cuenta el contexto nacional.

Varios son los sectores que ven a Alberto Weretilneck como aliado de Mauricio Macri. Lo que lo convierte en depositario de críticas por partida doble: las propias y las del gobierno nacional. Ya lo vio cuando las CTA unificaron su protesta con la CGT y hubo una multitudinaria marcha por Viedma. El marco fue una paro nacional y en contra de las políticas neoliberales de la Casa Rosada, pero eso no evitó los reproches locales.

Lo que ocurrió el miércoles es peligroso. Por un lado, porque el nivel de violencia se incrementa en las protestas sociales. Y por el otro, porque hubo un mensaje de tolerancia cero.

Le asiste la razón al Gobierno cuando protege a los uniformados. Pero exageró en su reacción. Emitió comunicados de prensa asimilables a los que se publican cuando hay evadidos de las cárceles rionegrinas. Los policía son trabajadores y no merecen ser blanco de agresión alguna. Pero deberá la Jefatura repensar los sistemas de prevención y los operativos que despliega.

Solo un mal diseño pudo haber provocado los incidentes. Lo mimso ocurrió cuando Macri vino a presentar el Plan Patagonia. La Legislatura fue vallada 12 horas antes de la manifestación de ATE que estaba anunciada con una semana de anticipación. Algo falló. Las imágenes de los videos demuestran la fragilidad táctica. Y eso expuso a los agentes que quisieron contener (desarmados) a los manifestantes, que fueron desalojados de las puertas del Parlamento con el grupo especial COER.

Aldo y Héctor, fueron perjudicados por ese operativo. Si las vallas no cedían, si hubiese habido retenes alrededor de la Legislatura, es posible que nada de esto hubiese ocurrido.

Hoy, se evalúan dos tipos de violencia, dependiendo del sector que se escuche. El Gobierno y la Policía critican la ejercida desde el gremio, y desde los sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, la violencia que ejercen los gobiernos con sus políticas económicas.

«El Plan Castello también lo vamos a tener que pagar nosotros» le dijo un policía a un integrante del gremio, después de desatado el conflicto. Quizás haya más coincidencias que diferencias en ambos sectores.