#NuncaMás. La responsabilidad civil, en trámite judicial

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, admitió que los juicios por complicidad civil son «difíciles» de investigar, pero negó una parálisis. «Es probable que haya algún tipo de especulación con que el cambio de Gobierno significaba un cambio de situación en las causas», señaló. Además, advirtió sobre el aumento de prisiones domiciliarias. «Si fue una decisión extraña es para consagrar impunidad», alertó.

Auat concedió una entrevista al diario Ámbito Financiero.

-¿Cuál es el balance que usted hace de la causas de lesa humanidad?
-Se ha logrado mucho, pero todavía falta un camino importante por recorrer. No me parece ético pensar en términos contables un proceso tan moral como es el de Memoria, Verdad y Justicia. Hay que pensarlo desde la demanda de Justicia. No hay que olvidar que esa consigna es una reacción contra el olvido, y es una consigna total, no parcial. Si no se abarca la totalidad del crimen deja un sabor a injusticia.

-¿Por qué cree que es importante que no se frenen estos juicios?
-Estos procesos tienen un efecto colateral impresionante: instalan la idea de que lo que vivimos los argentinos fue una tragedia. Esto es fundamental pensarlos desde ese lugar. Desde la función pública tenemos que mirar el vaso medio vacío, lo hecho, hecho está. Hay que seguir trabajando. La demanda de justicia lo que hace es revelar que falta justicia. Si hay familiares que la reclaman, tenemos el compromiso y el deber moral de dar respuestas y en eso tenemos que trabajar todas las agencias del Estado. Falta mucho por hacer.

-¿Cree que el reclamo de Justicia está más vigente que antes?
-Trabajamos permanentemente para dar respuestas a lo que la sociedad reclama, y la sociedad reclaman que los procesos continúen y celeridad, pero no solo a las fiscalías, sino a los todos los poderes.

-¿Cuenta el Estado con los recursos necesarios para cumplir con esa demanda?
-La Comisión Interpoderes existe, ha funcionado el año pasado con una reunión inicial, pero estaba preparada para reuniones quincenales o mensuales, y solo hubo una convocatoria. Esto marca el lugar que ocupa en la agenda judicial el tratamiento de estos casos.

-¿Hay intentos por cerrar causas en trámite?
-En el caso de la masacre de Margarita Belén, esta semana la Corte Suprema nos dio la razón y clausuró cualquier intención de volver a discutir la prescripción de los crímenes del terrorismo de Estado. La imprescriptibilidad de estos crímenes quedó prácticamente blindada, así que esa discusión no puede seguir sosteniéndose en ningún tribunal.

-¿Es posible que el cambio de Gobierno haya paralizado las investigaciones sobre la complicidad civil?
-Trabajamos con las responsabilidades empresariales y la impunidad de ciertos sectores de la sociedad civil. Es un camino complejo, complicado y hasta tortuoso. Nunca fue fácil, ni antes ni ahora. Siempre fue difícil investigar. Es probable que haya algún tipo de especulación con que el cambio de Gobierno significaba un cambio de situación en las causas. Lo hemos escuchado en los discursos y en los mismos juicios. Decían que (las causas) eran estrictamente políticas de un Gobierno puntualmente. Eso es un error de diagnóstico porque esto es un proceso mucho más profundo y es muy anterior al gobierno de los Kirchner. El proceso nace, se viabiliza y se consolida en el seno de la sociedad primero y después se institucionaliza. No es una cuestión de agenda de Gobierno, es agenda pública de la sociedad. Sin duda habrá gobierno que lo incorporan menos a sus agendas, pero eso nos excede.

-Entonces no están paralizadas las que vinculan a civiles, empresarios…
-Esas causas tienen muchos años de trámite, y esos años marcan las dificultades que tuvimos. También tuvimos parálisis por los jueces. Hay causas de empresarios que están tramitándose, por ejemplo la de Blaquier está en la Corte ahora. El hecho de que sean empresarios no incide en los procesos. Cuando decimos que se tienen tramitar con urgencia, hablamos de una patología que tiene que ver con la morosidad, la cronicidad. Es la impunidad biológica por la demora de los trámites: la muerte de víctimas, imputados y testigos.

-¿Se politizaron los juicios por derechos humanos se politizaron?
-Si los vinculamos o los desvinculamos de los despachos de las distintas agencias del poder, si los politizamos o partidizamos, los estamos comprometiendo, estamos devaluando las causas. Es una devaluación ética poner un rótulo partidario.

-¿Siente frustración con el incremento de las prisiones domiciliarias?
-No. Lo venimos tratando y hay que ir caso por caso. Lo que pretendes es que se cumpla con la ley. Si tiene el derecho y se puede otorgar el beneficio, no hay nada que discutir. Si se malversa el espíritu de la norma, o si la instrumentación es maliciosa, en ese caso es impunidad. Si se revisa el cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria no hay nada que decir. Si le corresponde, lo único que se puede hacer es aceptarlo. Ahora, si se incrementó por una cuestión ajena al trámite procesal, la lectura es que hubo una decisión ajena, extraña, para consagrar impunidad.

-¿Cree que falta incentivo para dar con los 45 prófugos en causas por lesa humanidad?
-No hay quejas, ni presentación en ese sentido. No tenemos información. Sería importante que aparezcan. Un prófugo es una situación anormal de un proceso, que en definitiva termina siendo impunidad.