Reforma procesal penal: piden separación institucional de defensores y fiscales

La necesidad de la urgente modificación de las leyes orgánicas del Ministerio Público, tendientes a la separación institucional de los defensores y los fiscales, pidió la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA), ante la próxima reforma procesal en Río Negro, y destaca que “resulta violatorio del régimen constitucional que los defensores dependan jerárquicamente de un Procurador que se encarga de la política de persecución criminal”.

Entre la argumentación de la solicitud se recuerda que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido cinco Resoluciones instando a la plena autonomía de la Defensa Pública como factor imprescindible para el efectivo y eficaz acceso a la justicia de los sectores más vulnerables y destaca que “en función a la vinculación institucional entre la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) que nuestra Asociación integra, debemos informar a dicho organismo internacional sobre el cumplimiento de sus Resoluciones, en el caso, el estado de las defensorías públicas de la región y su relación con el acceso a la justicia”.

ADePRA menciona reunión que mantuvieron sus autoridades con la Comisión Interpoderes de seguimiento de la Reforma Procesal Penal de Río Negro, con la participaron las juezas del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, el Fiscal General, Marcelo Alvarez, la Legisladora Tania Lasta en su carácter de Coordinadora de la Comisión, representantes del Colegio de Abogados y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Río Negro, a la vez que dejó sentada su preocupación ante la falta de convocatoria desde la Procuración General a la Defensora General de la Provincia.

También deja sentado su posición en cuanto a que el modelo de Ministerio Público bajo una sola Jefatura, como el caso de Río Negro, es un modelo que no sólo es inconstitucional sino que, además puede generar responsabilidad internacional al Estado Argentino. Dicho modelo ya fue dejado de lado (con sus variantes) en las provincias de Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Neuquén, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y de manera reciente en Jujuy, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán.

ADePRA reiteró la necesidad de la separación de fiscales y defensores y señala que la formación del Consejo Federal de Defensores Generales de todo el país, separados del Consejo Federal de Procuradores Generales, es una evidencia de la marcha del proceso iniciado.

“Resaltamos que, no resulta jurídicamente válido el argumento de la necesaria reforma de la Constitución de la Provincia de Río Negro para lograr la separación orgánica e institucional de los Ministerios Públicos desde que no sólo no lo impide sino que, además, en virtud de la jerarquía normativa los preceptos de la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales priman por sobre la Constitución Provincial, tal como ha sucedido en las últimas reformas legales en las provincias argentinas”, señala ADePRA y agrega que esto “sin perjuicio de que, en adelante, y luego de concretada la urgente autonomía funcional que propiciamos, se modifique la Constitución de la
Provincia de Rio Negro del año 1988 y se eleven los estándares de derecho a los adoptados por la Constitución Nacional de 1994”.