Mujeres de La Cámpora quieren a López fuera de la Legislatura
Mujeres rionegrinas agrupadas en La Cámpora, pidieron la renuncia del legislador Rubén López (JSRN) y proponen la creación de un certificado y registro provincial de antecedentes por violencia de género y familia. Afirman que «ningún funcionario público, de ningún poder del Estado, debe permanecer en su cargo cuando está acusado de abusar o ejercer violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes».
También cuestionan al gobernador Alberto Weretilneck, que relativiza la magnitud del delito cuando sostiene que “es un tema privado, no político”, a la vez que destacan que los intentos de justificación, además de volver cómplice a quién los pronuncia, muestra a las claras la naturalización de la violencia y la desigualdad que sufrimos a diario las mujeres. Es por ello que los Estados, en sus múltiples niveles y poderes, deben abordar prioritariamente este problema en sus agendas públicas.
En el proyecto de ley, proponen que “para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, será una condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra una mujer, niños, niñas y adolescentes, como a cualquier miembro de su familia”, y “cuando el autor o responsable con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes o alguien de su familia, sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.
Avanzan en esta propuesta, sugiriendo que el Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de la Mujer, extienda un Certificado de Antecedentes de Violencia en razón de Género y Familia. El monto del arancel que deberá abonarse por la tramitación este Certificado será fijado por la reglamentación y los fondos recaudados por el pago del arancel serán destinados y administrados por el Consejo Provincial de la Mujer, para la creación y/o construcción de hogares de refugio de emergencia para las mujeres víctimas de violencia.
Las Mujeres de la Cámpora sostienen que el Gobierno Provincial viene demostrando la falta de interés y voluntad política de llevar adelante una verdadera política pública de género que ayude a erradicar las violencias, que se desprende de la subejecución presupuestaria del área en los últimos años: durante el 2016 sólo ejecutó 15 % del presupuesto destinado a las políticas públicas específicas, como son el funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer o el Programa de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, y en 2015 la misma ejecución fue del 2%.
Frente a ello, Río Negro tiene los indicadores más alarmantes de Argentina; supera en un tercio a la media del país por femicidios. Si en Argentina muere una mujer cada 30 horas en Río Negro registra una cada 26 horas. Según la encuesta que mide la Violencia Machista, que realiza el colectivo Ni Una Menos, en Río Negro arrojó por ejemplo que un 100% de las encuestadas mencionaron que fueron víctimas de acosos tanto en espacios públicos como privados.
El caso López se agrava aún más si tenemos en cuenta que no es la primera vez que un funcionario de nuestra provincia se encuentra involucrado en este tipo de delitos, y en algunos casos siendo víctimas mujeres o menores de edad.