Un genocida pide jubilación de privilegio
El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, interpuso un recurso de nulidad por «privación de justicia» en la causa que favorece con una jubilación de privilegio al exministro de la dictadura cívico-militar, condenado por delitos de lesa humanidad, Jaime Smart. El también exfiscal de Cámara durante la dictadura recibió el beneficio en 2015 gracias al fallo de los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, por lo que De Vedia había solicitado una apelación ante la Corte Suprema que le fue negada, pero nunca notificada.
Smart, primer civil condenado por delitos de lesa humanidad, obtuvo la aprobación de su jubilación por parte de la Anses en 2008, cuando aún estaba como «procesado» en causas por delitos de lesa humanidad, publicó el matutino Página/12. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió el beneficio, por lo que el exministro de Gobierno bonaerense durante la intervención de Ibérico Saint Jean, entre el 8 de abril de 1976 hasta septiembre de 1979 recurrió a la Justicia por considerar “injustificada, ilegal y arbitraria la negativa» a su reclamo.
En primera instancia, el exintegrante de la Cámara Federal especializada en juzgar “delitos de la subversión”, también conocida como “Camarón”, obtuvo un fallo favorable, ya que se consideró que cumplía con los requisitos formales para acceder al beneficio previsional y continuaba en calidad de “procesado”.
El Consejo de la Magistratura apeló el fallo y, entonces, llegó a la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, cuando los camaristas Herrero y Fernández, con el voto en disidencia de Nora Dorado, no sólo ratificaron el fallo de primera instancia sino que lo reconocieron en el marco de la ley 24.018, que otorga jubilación de privilegio a quienes hayan ocupado altos cargos en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, por lo que mejoraron su haber previsional al elevarlo de la categoría de fiscal de primera instancia a juez de cámara y lo reconocieron retroactivo al 21 de septiembre de 2006.
Entonces, De Vedia solicitó la apelación extraordinaria a la Corte Suprema, que fue rechazada y devolvió la causa a la jueza de primera instancia sin notificación al Ministerio Público Fiscal. En sus argumentos, De Vedia había señalado además que los camaristas se excedieron en su fallo y no trataron el pedido de Smart de poner fin a la suspensión del Consejo de la Magistratura sino que fueron más allá.
En la nueva presentación por nulidad, el funcionario del Ministerio Público Fiscal consideró que se privó al organismo de interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema en el momento oportuno y calificó la causa en cuestión como “de suma trascendencia”, ya que se trata del pedido de jubilación de privilegio hecho por el primer civil condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura civíco-militar.