La prórroga del Código Procesal Penal aún no llegó a la Legislatura
(ADN).- Según informaciones recogidas en el parlamento provincial, aún no ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo para prorrogar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, previsto para el 1 de marzo y que la Comisión Interpoderes sugirió posponer su implementación para el 1 de junio del 2017.
Asimismo y de acuerdo a los plazos establecidos para convocar a sesión extraordinaria en la Legislatura, estaría descartada una convocatoria para la semana que viene, como había trascendido.
De todos modos y ante una convocatoria del Ejecutivo, la Legislatura podría sesionar en la última semana de este mes, donde también podría ingresar el proyecto de endeudamiento por 500 millones de dólares para el plan de obras públicas.
De4 todos modos trascendió que ante lo ajustado que están los plazos, el gobernador podría fijar la prórroga del nuevo Código, mediante el dictado de un decreto-ley con acuerdos de Ministros.
Mientras tanto en el Poder Judicial se continúa trabajando contra reloj para cumplir con todos los requerimientos que exige este Código.
En tal sentido, La presidente del STJ Liliana Piccinini instó a “seguir trabajando con el mismo ritmo” en todos los aspectos, al presidir ayer una reunión de la Unidad de Implementación, junto con los vocales Sergio Barotto y Enrique Mansilla y representantes del Ministerio Público y de distintas áreas técnicas y operativas.
También se informó desde el Poder Judicial, que llegó a Viedma la segunda tanda del mobiliario destinada a los nuevos ámbitos que se dispondrán con motivo de la implementación de la Reforma Procesal Penal. Los elementos fueron colocados en los depósitos de la Justicia en Viedma.
Por otra parte, la mayor inversión prevista en el presupuesto de este año, fue destinada a los elementos tecnológicos necesarios para la grabación y resguardo de las audiencias. En segundo término de inversión se encuentran las nuevas localizaciones y mejoras edilicias de los ámbitos existentes, y luego se ubican el mobiliario y las capacitaciones a magistrados, defensores, fiscales, funcionarios, empleados, periodistas y abogados.