El STJ informó a la Comisión Interpoderes sobre la reforma procesal penal
La Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, remitió a la Comisión Interpoderes, un informe con las acciones llevadas a cabo durante el presente ejercicio por parte del Poder Judicial, a través de la Unidad creada al efecto, para implementar el Código de Procedimiento Penal en la provincia.
La Legislatura aprobó la prórroga de entrada en vigencia del nuevo Código y dispuso la realización de informes mensuales de avance. Con este antecedente “se ha entendido necesario enviar el informe con lo ya realizado en 2016, a los fines de que- a posteriori- los subsiguientes sean comprendidos”, dice la nota.
El STJ pide también que se “haga extensivo el presente informe a los demás integrantes de la Comisión Interpoderes, como a los restantes Legisladores, de manera que posean conocimiento merced a información oficial, relativa a las acciones concretadas y las pendientes. Se evitará así que el desconocimiento otorgue marco a alocuciones imprecisas y erróneas”.
El informe, entregado a la presidenta de la Comisión Interpoderes, Tania Lastra, sostiene que “como bien lo remarcó usted en la sesión legislativa, consta en el Acta pertinente de la Comisión y lo resaltó el Señor Gobernador en declaraciones públicas, la postergación de la implementación de la Reforma obedeció a una solicitud de la Procuración General en pos de necesidades operativas y ajustes en la dinámica de gestión de las Fiscalías”.
El informe
El informe da cuenta que “con el presupuesto 2016 se aprobaron recursos para la Reforma, incorporando el programa 17 por un monto de $89.954.925, a financiar de rentas generales”.
Destaca que el STJ creó la Unidad de Implementación en febrero de este año con la participación de
todas las áreas auxiliares involucradas, tanto del STJ como de la Procuración. En este ámbito se decidieron “sobre temáticas como: alquileres; contrataciones de hardware informático; contratación del software que la Procuración requirió para la implementación de la Reforma; realización de las carpetas requeridas por los Fiscales; concursos necesarios para la puesta en funcionamiento del nuevo paradigma; cronograma de capacitación de jueces, fiscales, defensores, abogados, funcionarios, empleados y periodistas; mobiliario necesario; refuncionalizaciones edilicias en función de la Reforma; compras y licitaciones varias; se aprobaron los nuevos indicadores del Código de Buenas Prácticas, de manera de optimizar la información estadística necesaria para la Reforma; se convinieron las obras públicas necesarias para ubicación de shelters (sistemas para el resguardo de información), tendido de fibra óptica, entre otras.
El informe consigna el dictado de la Acordada 2/2016 para llevar a la práctica los criterios de oralidad y publicidad del nuevo Código a las instancias penales. “Dicha decisión fue asumida para cumplir con el objetivo de descomprimir la carga de expedientes que eventualmente debieran ser sometidos al proceso conclusivo, y alentaba- a la vez- a la práctica de la gestión por audiencias, abandonando la papelización”.
Entre las acciones de cara a la Reforma llevadas a cabo este año, se consignan las “47 capacitaciones que incluyeron hasta el momento a 950 participantes individuales”, con “decenas de especialistas” como capacitadores, la definición del “sistema de grabación de las salas de audiencia” que permitió “un convenio con ALTEC que está en plena ejecución y que permitió la adquisición del material tecnológico necesario. El monto en este rubro para la adquisición de equipamiento y software necesario asciende a 41.667.725 pesos”.
“También, por pedido del Ministerio Público, se contrató el desarrollo de un sistema informático para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal destinado al MPF, con un monto de 4.620.000 pesos”, se explica.
En cuestiones edilicias, el informe es sumamente detallado con las localizaciones nuevas en las distintas jurisdicciones, en las refuncionalizaciones en marcha y terminadas. Igual nivel informativo presentan las labores de interconexión.
La nota entregada a la Comisión Interpoderes consigna que “previo a la toma de decisiones, se realizaron visitas institucionales a Chubut y Neuquén, provincias que ya implementaron modelos
similares. Estas actividades fueron concretadas por jueces y funcionarios, pero –lógicamente- de manera mayoritaria por integrantes del Ministerio Público”.
En cuanto al trabajo normativo, incluye las labores de redacción de proyectos de ley y reglamentos varios. Además de la Unidad, da cuenta del trabajo del Consejo de la Magistratura, que “tramitó la incorporación de fiscales y defensores en consonancia con el nuevo paradigma. En el plano de los nombramientos necesarios para la Reforma, se realizaron 46 convocatorias a concurso, se resolvieron 34 durante este año y 27 de los mismos fueron destinados a la Procuración General”. Agrega que “también se reforzó paulatinamente la planta de funcionarios y empleados del Ministerio Público. Desde el debate de la Ley de Reforma a la fecha, se incorporaron 121 agentes más a la Procuración. En poco más de dos años, se incrementó en 7 la cantidad de fiscales, en 11 el número de fiscales adjuntos, se sumaron 21 defensores, 2 defensores adjuntos, 10 funcionarios a la Procuración, 4 profesionales y 66 empleados”.
El informe culmina con cuadros donde se consigna cada uno de los trámites de contratación y su estado actual, además de las necesidades de flujo de fondos por parte de Economía para cumplir con las etapas previstas.