El peor momento. ADN

Sucedió lo más temido. El gobierno quedó en el medio, un lugar poco favorable y la muerte de Lucas Muñoz trae dolores de cabeza en el Ejecutivo rionegrino.

Sería una imprudencia responsabilidad al gobernador Alberto Weretilneck, por lo sucedido al oficial ayudante, pero las consecuencias por el desempeño del ministro de Seguridad Gastón Pérez Estevan y del Jefe de Policía, Mario José Altuna, comprometieron al mandatario en la sensibilidad de la familia Muñoz.

Las novedades sobre la investigación no traen tranquilidad. Se sabe que Lucas Muñoz estuvo 26 días con vida, un hecho que marca la profesionalidad y organización que tuvieron los responsables del secuestro del malogrado oficial de la policía rionegrina.

En este mismo espacio conjeturamos sobre el tema, porque nadie improvisado e inexperto puede tener en una ciudad como Bariloche tantos días, nada menos que a un policía buscado por sus pares, Gendarmería, Prefectura, la Justicia y el Gobierno, sin una infraestructura operativa aceitada hasta en los últimos detalles.

Los captores de Muñoz lo mantuvieron encerrado el tiempo que consideraron oportuno hasta matarlo y hacerlo aparecer el día que estaba en Bariloche el gobernador Weretilneck. No existe hipótesis que indique que su aparición fue motivada porque los secuestradores se sintieron acorralados y en peligro de ser descubiertos. El devenir de los hechos dice que nada temían. Estaban seguros.

El fiscal Martín Govetto dijo que a Muñoz lo mataron en un lugar diferente al que fue hallado el cuerpo, entre 12 y 24 horas antes.

Fue contundente al afirmar que “la escena fue montada, preparada; hay un claro mensaje en ella, estamos trabajando para descubrir cuál y a quién va dirigido”.

El gobierno pensó en un momento que no estaba lejos de resolver el caso. Hubo improvisación en algunos funcionarios que se equivocaron y transmitieron optimismo al gobernador que así lo hizo saber públicamente, pero pasaron dos meses y el pacto de silencio, que evidentemente existe, no se rompió. Si hay policías que saben qué sucedió, entonces funcionó el espíritu de cuerpo que siente que “la omertá” brinda más seguridad que el propio Estado.

Las sospechas hacia los jefes y subordinados policiales no se profundizaron, no se sumaron nuevos elementos y entonces el mandatario, cada vez con menos margen de maniobra, pidió a los fiscales que aceleren la investigación. Reclamó rapidez a la Justicia, que tiene tiempos aletargados.

El gobierno se paralizó y sabía que era muy difícil sortear la presión. Hoy tiene como respuesta una sociedad entre fiscales y abogados de la querella, incluso el abogado de la familia Jorge Pschunder, dijo que Weretilmeck debía ser citado por el juez Campana. Consecuencias, quizás, de no haber tomado medidas oportunamente en la responsabilidad de algunos funcionarios, cuando se pedían renuncias.

Ahora cada vez que se hace público el resultado de algún peritaje, la causa ingresa en mayor nivel de dudas.
El jueves ante los periodistas se hizo saber que “el cuerpo de Lucas fue dejado en el lugar del hallazgo el día o la noche anterior. Estaba con su ropa, su celular, su billetera. Afeitado, bien alimentado y sin signos de violencia más allá de los dos disparos que presentaba en la pierna y la cabeza”, a la vez el fiscal Govetto dejó sentada su preocupación por la falta de certezas acerca de los rastros de ADN, “es algo que nos llama poderosamente la atención”.

La presentación del cuerpo del modo descripto dice a las claras que los responsables de la muerte del policía, actuaron con tranquilidad, impunidad y protección.

Hoy todas las dudas están en el cautiverio de Lucas Muñoz. Un misterio que no hace más que cargar culpas en la investigación policial y de los organismos oficiales.

Hasta ahora “nadie se quebró”, las tareas de inteligencia y pesquisas no dan resultados, “los buchones” cierran la boca y el gobierno siente que “le están haciendo pagar un costo” demasiado alto.

El padre de Muñoz dispara sus acusaciones, el abogado de la querella denunció que el pedido de la ex pareja del oficial de policía, Daniela Rodin, para ser parte de la querella, fue una maniobra del gobierno “para espiar”, los asesores policiales trastabillan en cada paso y no hay “cerrojo de protección” para con el gobernador.

Esta semana la sociedad rionegrina vivió un nuevo episodio de esta lamentable historia, donde pareciera que es difícil salir indemne.