Un proyecto de JSRN quiere cambiar el Sistema de Salud Mental de Río Negro
Con la adhesión a la Ley Nacional 26657, legisladores de JSRN quiere reemplazar el Sistema de Salud Mental de la provincia, una experiencia de avanzada en el país y que tuvo como máximo referente al doctor Hugo Cohen con la apuesta en marcha de un proceso de descomialización en el territorio rionegrino con el tratamiento de enfermedades mentales.
El proyecto de ley de adhesión a la ley nacional, que ingresó ayer a la Legislatura, es iniciativa de Leandro Lescano, Graciela Valdebenito, Marta Milesi, Arabela Carreras, Alfredo Martín, Silvia Paz y Mariana Dominguez Mascaró (JSRN), quienes en los fundamentos explican que si bien la ley provincial fue pionera como garante de los derechos y antecedentes para la legislación de otras provincias, y tenida en cuenta como base referencial para la ley nacional a la que hoy se busca adherir, “es imprescindible que esta Legislatura trabaje en este nuevo milenio, poniendo en discusión las nuevas complejidades de la sociedad desde una perspectiva multidisciplinar y multidimensional”.
Expresan que Río Negro ha realizado un trabajo de muchos años en este programa que cambió el modelo de la salud mental, desde un paradigma tutelar a uno basado en los derechos de las personas que son asistidas en los Servicios de Salud Mental, pero que esta ley, sancionada el 11 de septiembre de 1991 y promulgada el 3 de octubre del mismo año, ya tiene 25 años.
Los legisladores manifiestan que la norma nacional contó con un arduo trabajo que incluyó múltiples rondas de consulta, que permitieron la participación y opinión de directores de hospitales, autoridades provinciales de Salud Mental, asociaciones de familiares, organismos de Derechos Humanos y de las personas que son asistidas por estos servicios, que dio como resultado que la Ley Nacional de Salud Mental haya superado en algunos puntos lo establecido en la provincial, como son la incorporación de los tratados internacionales y la creación de un Órgano de Revisión, tema que fue reclamado en el último informe de la Defensora del Pueblo y por el Superior Tribunal de Justicia.
Como autoridad de aplicación se postula al Ministerio de Salud, y como Órgano de Revisión al Ministerio Público del Poder Judicial, dentro del ámbito jurisdiccional de la Provincia.