El Fiscal Lista imputó al intendente de Dina Huapi por abuso de autoridad
El Fiscal Guillermo Lista imputó al ex intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, y a quien fuera su Secretario de Obras Públicas, Carlos Morazzani, por abuso de autoridad, en una causa que se inició por la denuncia efectuada por los integrantes del Tribunal Contralos municipal a raiz de la contratación directa de la obra de la segunda etapa de la bicisenda Ruta 40 de Dina Huapi, incumpliendo con la ordenaza que estipula que este procedimiento de contratación sólo es válido cuando no supere los 92.431 pesos.
Según el fiscal ambos funcionarios “obraron a sabiendas de la ilegalidad en que incurrían con el denodado propósito de encubrir u ocultar la violación normativa”, dictando tres resoluciones que “autorizaban a la tesorería, previa intervención de la contaduría, a librar pago por tres importes menores al mencionado, en concepto de mano de obra” de tres etapas diferentes.
Lista sostiene que esta sectorización tuvo el “único fundamento de evitar superar el monto de la ordenanza, que exige llevar a cabo el concurso de precios”. Además los funcionarios involucrados “omitieron suscribir el correspondiente contrato, con la posibilidad de ocasionar un daño o perjuicio a la administración, por falta de certidumbre jurídica”.
El fiscal de Bariloche Guillermo Lista, solicitó al juez interviniente que cite a los imputados a prestar declaración indagatoria y requiera toda la documentación administrativa relacionada con la mencionada obra”. Además solicitó la citación de un testigo y la designación de peritos contables y de obra pública “para que realicen una prolija y exhaustiva investigación y dictamen técnico” en el término de 45 días.
Asimismo requirió medidas en la causa que se sustancia a partir del mismo hecho, pero que denuncia la compra de hierros por más de $35.000 pesos que “no han sido destinados a la obra en cuestión, toda vez que de la memoria descriptiva de la misma surge que ésta no lleva hierros”.
“Es notorio que se ha dado un uso diferente a tales materiales que debían ser administrados y utilizados como marca la ley, además de no respetar la formalidad exigible en toda contratación de una obra pública, ya que únicamente se solicitó un presupuesto que fue aceptado y sin más se realizó la obra, quedando de manifiesto una malversación de fondos y el abuso funcional”.