Lo posible. ADN

La política se ha transformado en el arte de lo posible. Y lo posible -en términos aristotélicos- depende de lo actual, de lo existente. Ello, más el aporte de la ciencia (lo posible únicamente es concebible en función de un orden, lo que nos lleva de la mano al concepto de límite y medida), componen el concepto de «posible» actual. Es decir, que la política reconoce lo posible bajo las normas de la existencia, con límites y medidas.

Esos conceptos son la antítesis de la «imaginación» y lo «imposible». Franceses y españoles rompieron en los 60 y 70 la lógica imperante y plantearon que la política era el arte de lo imposible y arrojaron la consigna la imaginación al poder.

Nada de eso es viable hoy. La transgresión, la audacia, el corrimiento de los límites establecidos y la innovación son una utopía. Ya no hay dirigentes capaces de salirse de lo posible.

Y lo posible fue el límite que imperó en la decisión del gobierno nacional de establecer el límite de 400 y 500 por ciento en los aumentos del gas. La Casa Rosada evaluó que la importación de ese recurso debía financiarse de alguna manera. Y ese incremento se trasladó a la gente.

El gobierno anterior subsidiaba el consumo, de modo que el Estado se hacía cargo de los costos de la importación. Eso produjo una distorsión, ya que el beneficio no reconocía estatus social o geográfico. Por caso, pagaban más el consumo de luz y el gas los habitantes de la Patagonia (región productora de energía, poco poblada y con un clima hostil) que vecinos de la ciudad de Buenos Aires.

Así y todo el sistema anterior era enormemente más contemplativo con la población más vulnerable. El gobierno de Mauricio Macri no evaluó el impacto de las nuevas medidas. Sus ministros razonaron como directores de compañías. La ceocracia. Y el remedio terminó siendo peor que la enfermedad.

La corrección de las tarifas era necesaria, pero no de esta forma. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner importaba gas -mayoritariamente- de Bolivia, subsidiaba a empresas, pymes, comecios y hogares por la diferencia de costos, y avanzó con la estatización de YPF en un programa de autoabastecimiento.

Esta gestión, cambió el importador: Chile. El país trasandino no es productor de gas, por lo tanto la Argentina le compra a un intermediario, que implica un pagar precio superior al se abona a Bolivia. Y en ese pasamanos, el proveedor principal es Shell, empresa de la que fue directivo y accionista, Juan José Aranguren, actual ministro de Energía argentino.

La Casa Rosada encaró el proceso de «sinceramiento» en el pago de los servicios sin anestesia. Tarifas de hasta el 2000% en el gas demuestran la «insensibilidad». La solución fue poner un límite general. Otra vez la miopía. Los gobernadores patagónicos exigen que haya una mirada diferenciada con esta región. De ninguna manera, dijeron en Nación.

Ergo, el acuerdo fue el posible. El que dictó la existencia demarcada por el límite y la medida.

Sigue siendo insuficiente. Pero no habrá más reclamos. Seguirán en curso los amparos (muchos de los cuáles ya tienen curso en la Justicia Federal) para frenar el tarifazo. Esa vía intentará lo que los mandatarios -apremiados por la crisis financiera de las provincias- no pueden. Hasta ahora, juzgados de ciudades en casi todos los distritos patagónicos (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro) dieron la razón a los amparistas, y dejan sin efecto las subas hasta tanto existan mecanismos legales de aumento. Piden, entre cosas al gobierno nacional, que cumpla con la etapa de las asambleas públicas.

Mientras tanto, las tarifas siguen imprimiéndose. Y el gobierno nacional dice que apelará los amparos y ya mandó a sus operadores a conversar en la Corte Suprema. ¿Qué debe hacer el ciudadano de a pie?. Es una incógnita. Esta semana Alberto Weretilneck recomendó no pagar porque habrá refacturación. Y si se pagó, el gobernador garantizó que la empresa devolverá mediante nota de crédito la facturación excesiva.

Pero hay abogados e integrantes de las defensorías al consumidor, que aconsejan no pagar mientras no se resuelvan los amparos. Pero subyace la duda sobre el accionar de las empresas ante el incumplimiento. ¿Cortarán el servicio?.

De todos modos, las boletas que llegaron tienen el incremento de la temporada de otoño. Faltan las del crudo invierno patagónico. Aún con el límite del 400 y el 500 por ciento de aumento las tarifas serán elevadas, ya que el cálculo -al menos con el gas- es consumo más transporte. Y el consumo en invierno es al tope, es decir, que no se pueden comparar con las boletas actuales. Se calcula que una familia -con red de gas- tipo en la cordillera pagaría 1500 pesos promedio.

Lo posible generó otra «insensibilidad». Según la estimación oficial, la tarifa social anunciada por el gobierno nacional contemplará a unos 100.000 rionegrinos. No es poco. Pero el trámite es engorroso. Y la empresa promueve hacerlo por Internet, un insumo poco frecuente en jubilados, familias bajo programa social y el resto de la población alcanzada por el beneficio. Pero esa medida (posible) no contempla a los habitantes que no tienen acceso al gas natural. El precio de la garrafa ronda los 150 pesos. Se calculan 4 garrafas por mes en una casa sólo para cocinar. Esa familia deberá disponer de 600 pesos unicamente para calentar agua o freir aceite o grasa. Falta el costo de calefacción.

Está claro que no se corrió el límite de lo establecido, no se puso a la imaginación a trabajar ni hay audacia en las medidas. La Patagonia tendrá el mismo tratamiento que la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (donde estaba la mayor distorsión tarifaria) y el norte argentino que tiene un clima más benévolo.

Lo posible también permitió que el Parlamento rionegrino avale la devolución parcial del 15% de la coparticipación nacional quitada a las provincias. En rigor no hay devolución, hay menos quita. Recién en cinco año (de acuerdo al cronograma que armó el gobierno nacional) las provincias recuperarán el total. Este año el descuento será del 12%, en 2017 del 9 y así hasta 2020 bajando 3 puntos por año.

Weretilneck aceptó lo posible, ya que si persistía -al igual que el resto de los mandatarios- en la vía legal, las represalias a las que se enfrentaba pondrían en peligro al gobierno, que está desfinanciado, con merma en la recaudación y una disminución de la coparticipación.

El acuerdo fue votado por unanimidad, pero el Frente para la Victoria pidió que los municipios sean beneficiario del 3% que Nación no retendría, lo que provocó un fuerte debate sobre los posicionamientos políticos e ideológicos, un tironeo sobre kirchnerismo y anti kichnerismo y pases de factura entre el peronismo albertista y el frentista, por el pasado de cada uno.

El Parlamento Patagónico sesionó esta semana y marcó un hito en la política patagónica. Es la primera vez que los vicegobernadores lo respaldan con su presencia. Ratificaron la unidad, la defensa conjunta de los intereses regionales, la valorización de los recursos naturales y el posicionamiento como bloque en temas como el petróleo y el gas. Pero también pidieron por el impuesto a las ganancias. Allí, aún por lo bajo, se comenzó a dialogar sobre una propuesta que anida en algunos funcionarios del gobierno nacional, de ir a un sistema de coparticipación invertida, es decir, que las provincias recauden y coparticipen a la administración federal.

Si el proyecto prospera, la Nación descentralizará sus servicios esenciales, quedará con la defensa de la Patria y sus fronteras, la importación y exportación de productos e insumos y el manejo de las fuerzas federales y juzgados que entiendan en temas delitos complejos, entre otras cosas.

En principio es favorable para lugares como Río Negro, productoras de energía y alimentos y de escasa población, pero sería catastrófico para provincias con menos recursos. Para subsanar eso, se proyecta unificar distritos y achicar provincias. Todavía en borrador. Pero recuerda al ambicioso esquema presentado por los gobernadores Pablo Verani (Río Negro) y Jorge Sobisch (Neuquén) en 2002, amalgamando las dos provincias.