Preocupa a la CTA el «aval» del Gobierno rionegrino para la detención de menores
La CTA Autónoma manifiestó su «profunda preocupación» frente a la decisión del Gobierno de la provincia de Río Negro de «avalar» la detención de menores de edad, de manera arbitraria y sin que exista una causa justificada.
Mediante un comunicado, la cúpula gremial aseguró que «la orden impartida por el Poder Ejecutivo a la Policía para que continúe demorando a chicos aunque los mismos no se encuentren cometiendo ningún delito, es ilegal, profundamente autoritaria y además violatoria de derechos humanos esenciales».
“Es preocupante y muy peligroso que el Gobierno rionegrino brinde esta carta libre a la Policía. Esta es una mala decisión política que nos coloca frente a un retroceso institucional de magnitud y afecta gravemente nuestra democracia”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y CTA Río Negro. “Ningún Estado puede invocar su tutela sobre las personas para privarlas de su libertad sin que exista una causa justificada. Se están violentando garantías constitucionales esenciales en nuestra provincia y este accionar de la fuerza policial debe cesar de manera inmediata”, agregó.
«Este posicionamiento del Gobierno Provincial persigue la criminalización de los adolescentes, la juventud y los pobres. Es que, con esta decisión se está dando vía libre a las fuerzas policiales para privar de su libertad ambulatoria a las personas por el color de su piel, edad, por residir en barrios pobres o pertenecer a sectores sociales vulnerables», aseguró la CTA.
«La sola condición de ser menor de edad no puede habilitar a la policía para la detención de una persona, ya que se estaría violando el derecho a la libertad y consolidando un Estado antidemocrático que puede sistemáticamente afectar garantías constitucionales», consideraron.
La central sindical rionegrina también planteó «dudas» acerca que el estado de las cárceles y comisarias permitan que los chicos demorados o privados de su libertad puedan estar alojados en lugares separados de los adultos.
Por último, la Central Obrera considera que «asiste razón a la procuradora Silvia Baquero Lazcano, cuando en su dictamen sostiene que la detención de un menor de edad sólo procede cuando existe una orden judicial o se lo sorprenda en la comisión flagrante de un delito».