En juicio abreviado condenaron a Iturburu y Sansuerro por estafa en el caso House Vial

Carlos Iturburu y Carlos Sansuerro, fueron condenados ayer en juicio abreviado realizado en General Roca, en el marco de la causa por la venta fraudulenta de lotes para viviendas efectuada por la cooperativa House Vial, con la intervención del Sindicato de los Viales, en la que resultaron damnificadas 102 personas de la ciudad de Villa Regina.

En la audiencia, el fiscal de Cámara, Andrés Jose Nelli solicitó la pena de 2 años de prisión efectiva a Carlos Iturburu, y requirió unificarla con la recaída en autos dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal, donde se lo condenó, el 17 de marzo a la pena de 9 años y 5 meses de prisión efectiva. En este sentido, el fiscal solicitó la pena única a Iturburu de 10 años de prisión efectiva, accesorias legales y costas, más la multa que considere oportuna el Tribunal.

En relación al imputado Carlos Alberto Sansuerro, la Fiscalía solicitó la pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva, dada la edad que tiene el imputado y la unificación de la presente pena con la dictada por la Cámara Segunda en lo Criminal, que lo había condenado a 9 años de prisión efectiva. Considerando como pena única, la Fiscalía solicitó la pena de 9 años y 3 meses de prisión efectiva, más accesorias legales, costas, y multa.

Ambas propuestas fueron aceptadas por los Defensores oficiales Miguel Salomón (por Iturburu) y Flavia Rojas (por Sansuerro).

Las partes arribaron a un acuerdo de pena y condena contra dos de los imputados, a partir de que los mismos reconocieron los hechos denunciados y el obrar criminoso.

Ante el acuerdo alcanzado, la Cámara deberá analizar si acepta o rechaza el mismo, decisión que se dará a conocer en una audiencia la lectura de la sentencia, que fue fijada para el 1 de Abril a las 13 horas.

Respecto a la otra imputada en los hechos, Martha Magdalena Nobili, el fiscal Nelli consideró que reúne todas las condiciones necesarias para avanzar en la suspensión de juicio a prueba como medida alternativa. En este sentido, tanto el defensor como la imputada aceptaron la propuesta de la Fiscalía de ofrecer un monto de reparación económica, que será puesto a consideración de las víctimas.

Cabe destacar que en su momento, el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción pública, se había pronunciando en un dictamen, que no iba a dar lugar a la reiteración de la aplicación del criterio de oportunidad, que había sido solicitado por el imputado Iturburu, entendiendo que «se encuentra gravemente afectado el interés público». Además, de las investigaciones que había solicitado la Fiscalía al Registro de la Propiedad de Inmueble, se desprende de los informes que el inmueble en cuestión, posee 50 embargos efectuados por un Tribunal de Viedma, como así también otros que se encuentran pendientes de resolución. Además remarcó el fiscal que «el dinero con el cual se está ofreciendo acordar con los damnificados es producto de un ilícito».

Por otro parte, la Fiscalía solicitó que se haga efectivo el pedido de embargo de un bien inmueble de Iturburu ubicado en la ciudad de Viedma, que había sido pedido por el Juzgado de Instrucción N° 20 de Villa Regina, y en su defecto, en caso de que el Tribunal no haga lugar a los embargos, que se requiera el decomiso del mismo.