Vecinos Autoconvocados críticó a la Justicia en la causa de abusos de menores

Viedma.- El grupo de vecinos autoconvocados de esta ciudad -en el marco de la causas que investigan abusos de niñas y adolescentes- denunció «un claro retroceso por parte de la Justicia provincial en función de garantizar transparencia, claridad e información fehaciente con relación a la marcha de los distintos expedientes que se siguen por estos delitos y, en particular, acerca del proceso de juicio político al juez Juan Bernardi, proceso en el cual, además, se evidencia una notoria estrategia dilatoria y funcional a la defensa del magistrado».

Los vecinos explicaron que las fiscalías actuantes han dejado de recibirlos para brindar información que de cuenta del estado de las tramitaciones judiciales, como por ejemplo, situación y cantidad de causas en curso o nuevos hechos investigados, percibiéndose aquí una fuerte «bajada de línea» institucional, congruente con declaraciones de la Procuradora General e incluso del Superior Tribunal de Justicia.

Por otro lado, agregan que «también fue notable el silencio en el que se convocó y desarrolló la última reunión del Consejo de la Magistratura, la que no fue anunciada de manera pública. ¿De qué manera se pretende garantizar la apertura y la participación ciudadana tan pregonada tantas veces en actos protocolares e institucionales, cuando ni siquiera se cumple con la condición sine qua non de informar previamente?».

Sostienen que «los vecinos no pueden dejar de leer en estos hechos todo un giro en la actuación del sistema judicial -ahora ya decididamente orientado a retornar al ritmo y a los modos habituales de la institución, siempre morosa y remisa cuando se trata de investigar al poder- que vulnera el derecho a la información por parte de la ciudadanía».

Por otra parte puntualizan que «más allá de la falta de información, preocupa a los vecinos la marcha del proceso de juicio político al juez Bernardi, ya que las últimas medidas anunciadas por la Procuradora Silvia Baquero Lazcano, como por ejemplo, convocar a declarar a las supuestas víctimas de abuso en el marco de un expediente que nada tiene que ver con esos delitos sino con los ya probados «desarreglos de conducta» del magistrado, no resultan comprensibles, al menos, en términos de una razonabilidad bien intencionada».