Se arma el rompecabezas neoliberal
(Julián Blejmar ) En su segunda semana de gestión efectiva, el gobierno continuó anunciando y aplicando medidas para completar su política económica favorable a los sectores del capital concentrado.
Tasas de interés por el cielo. Endeudamiento externo. Devaluación profunda. Quita de subsidios estatales. El ajuste ortodoxo de la alianza Cambiemos, echado a rodar a poco de comenzado su gobierno, fue adquiriendo más forma durante la corta semana que pasó, con medidas alineadas al regreso del ciclo de valorización financiera operado durante la etapa neoliberal, la cual comprendió la mayor parte de los años transcurridos entre 1976 y 2001 y que dejó como saldo una fortísima transferencia de los sectores populares (trabajadores y jubilados) al capital concentrado.
Con todo, a este clásico programa de ajuste que demandó el Fondo Monetario Internacional en último informe sobre nuestro país, se había sumado también el decreto 133 que eximió de retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios (excepto la soja, donde igualmente disminuyeron) algo que, de acuerdo a estimaciones del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), implicará una transferencia de 3.685 millones de dólares para el conjunto de estos sectores, equivalentes a 2,5 puntos de ingresos tributarios del sector público nacional, y que acuerdo al Estudio Bein representa un costo fiscal de 60.000 millones pesos. La única contrapartida otorgada a los sectores populares, fue una canasta navideña de 54 pesos, y días más tarde, un adicional de fin de año por 400 pesos y por vez única para 8 millones de beneficiarios, entre los que se encuentran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y jubilados con haber mínimo, cuyo costo fiscal total será un 5 por ciento de lo transferido al agro, es decir 3.300 millones de pesos.
Lo llamativo de la actual quita de retenciones, es que nunca se había operado junto a una devaluación. Ambas cuestiones encarecen el precio de los alimentos, y por otro lado debería alcanzar con algunos de estos dos beneficios para que los sectores del agro den el visto bueno al gobierno y liquiden sus cosechas. Sin embargo, el gobierno de Macri decidió doblar la apuesta y transferirle recursos a este sector por partida doble, bajo la promesa de este espacio de liquidar 400 millones de dólares diarios durante tres semanas (sobre los 11.400 millones que según la AFIP el campo retenía a la espera de la devaluación), lo que sumado a las atractivas tasas de interés en pesos (que llegaron al 38 por ciento para luego disminuir al 36), consiguieron una baja momentánea en el valor del dólar oficial, que de los 14,20 pesos de la semana pasada, terminó en 13,20.
Concentrando el capital
Por lo demás, el gobierno continuó dando definiciones que sustentan un plan clásicamente ortodoxo. Por caso, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay señaló el lunes que “una vez que tengamos bien el panorama vamos a definir las metas por inflación, eso es lo que nosotros vamos a llevar a la Mesa Económico y Social”. Las metas por inflación, es un esquema neoliberal que subordina las demás variables de la economía, como actividad económica o empleo, al control de la suba de precios.
El objetivo del gobierno, será plantear ante sindicatos y empresarios, en una posible “Mesa Económico y Social”, que con el control de la inflación los aumentos de precios y salarios deberían tener un límite. Lo cierto es que de acuerdo al Estudio Bein, la mientras que en octubre la inflación fue del 1,5 por ciento, en noviembre subió al 2,9 y cerraría diciembre con un 6 por ciento. Incluso consultoras simpatizantes del actual gobierno, como Elypsis, de Eduardo Levy Yeyati y M&S Consultores de Carlos Melconian, apuntaron a las cifras más altas en lo que va del año, marcando para diciembre un 3,5 por ciento y un 4 por ciento respectivamente.
Asimismo, para el Estudio Bein, la inflación en 2016 llegará al tope de las últimas dos décadas, con un 40 por ciento anualizada (y siempre que se logren paritarias por debajo del 28 por ciento), más allá de que la baja de salarios reales, destrucción del empleo, y caída del consumo, podrán ayudar a poner un límite a la escalada de precios.
Con todo, estas últimas variables regresivas no son la única herramienta que el gobierno utilizará para controlar la inflación. Durante la semana, el presidente Mauricio Macri manifestó que “con los empresarios estamos conversando, se van creando espacios de trabajo. Pero si no hay acompañamiento, vamos a abrir las importaciones para que corrijan los precios”, mientras que el ministro de Agricultura Ricardo Buryaile, también amenazó con la importación de carne, frente al alza del 35 por ciento en los últimos dos meses, en una corta semana donde el miércoles se dieron de baja las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que regulaban las importaciones desde 2012.
Vía libre para endeudar el país
De todas formas, el plato fuerte para frenar la inflación será el endeudamiento en dólares, como vía de control del valor en pesos de la divisa norteamericana, bajo el objetivo de que el dólar no se dispare y el aumento se traslade, como hasta ahora, a los precios. En este sentido, la Secretaría de Finanzas emitió el lunes un título del Tesoro por 2.000 millones de dólares (6 por ciento anual), destinado a pagar parte de los 5.000 millones que el anterior gobierno adeudaba a importadores. Si bien en este punto sí es posible hacer referencia a una “herencia kirchnerista”, lo cierto es que la deuda con los importadores era paulatinamente suplida en la medida que ingresaban dólares por exportaciones, antes que por nueva toma de deuda. Dos días después, el miércoles, el Tesoro anunció la emisión para el 29 de diciembre de nuevos bonos en dólares (también 6 por ciento anual, a suscribir en pesos, para quitarle presión al dólar) con plazo de un año, por un monto de hasta un valor nominal de cinco mil millones de dólares estadounidenses.
Pero estos primeros 7.000 millones de dólares de deuda son solo el anticipo de una política de endeudamiento que muy probablemente se profundizará de forma aguda, teniendo en cuenta el bajo nivel de deuda en dólares legado por el kirchnerismo (7,3 por ciento del PBI sin contar la reclamada por los fondos buitre, en lugar del 65 por ciento que heredó). El primer paso importante será justamente un acuerdo con los fondos buitres, quienes no aceptaron la reestructuración (quita de deuda) ofrecida por el anterior gobierno. Durante la semana el secretario de Finanzas Luis Caputo y el funcionario de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, se reunieron en Nueva York con el mediador Daniel Pollack para negociar un acuerdo con este grupo de capitales ultraespeculativos. Pollack, quien fue denunciado por la anterior administración como favorable a los fondos buitres, señaló que “la reunión fue constructiva, abarcó una serie de cuestiones y se acordó que van a regresar a la ciudad de Nueva York en la segunda semana de enero para iniciar negociaciones sustantivas con los tenedores de bonos”.
Por cierto, la necesidad de recurrir al endeudamiento no tiene solo como objetivo controlar el valor del dólar y la inflación (además de otorgar comisiones por emisión de deuda a los bancos internacionales JP Morgan, HSBC, Citibank o Deutsche Bank, de los que provienen los cuadros del actual equipo económico), sino que tiene que ver también con afrontar la fuerte déficit fiscal, cercano al 7 por ciento, que dejó la anterior administración y profundizó el actual gobierno debido a la quita de retenciones al agro y la exención del impuesto a las ganancias, así como a causa del fallo de la Corte Suprema para que dejen de retenerles a Córdoba, Santa Fe y San Luis impuestos coparticipables por cerca 40.000 millones de pesos anuales.
La otra apuesta para bajar el déficit fiscal, será la reducción y eliminación de los subsidios energeticos, fundamentalmente a la zona metropolitana (que recibe el 40 por ciento del total de los subsidios), durante el primer trimestre de 2016, según anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El costo, una vez más, recaerá en gran medida sobre los trabajadores, que verán incrementada no solo su tarifa residencial, sino también los servicios y productos que hasta el momento adquieren a un precio que contempla el subsidio energético de su producción. Si bien es cierto que el costo de los subsidios a la energía y el transporte era insostenible, pues representan actualmente cerca de 5 puntos del PBI, no menos real es que los energéticos se destinan en un 60 por ciento a establecimientos industriales, con el objetivo de que sus producción sea más competitiva (barata) sin reducir el salario.
La propuesta macrista, que ya comenzó con una fuerte disminución salarial por medio de la devaluación, busca que las empresas abonen parte de la diferencia ganada mediante mayores pagos de servicios energéticos. Pero lo más probable, es que estos aumentos se traspasen también al consumidor. Ello no quita la necesidad de una revisión de la poco transparente política de subsidios, que según el CIPPEC sólo en un 10 por ciento beneficiaban de forma directa a los sectores más postergados de la población.
Resta esperar ahora, la próxima Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), para empezar a escuchar los elogios a está política económica orientada a recomponer la tasa de ganancia de los sectores concentrados por medio de transferencias hacia ese espacio por parte de los sectores populares.
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