Tema que quema. ADN

Hace dos semanas Gustavo Otero ingresó al edificio de Tribunales para declarar ante el juez Carlos Mussi, en una causa que lleva más de 10 años donde se investiga el manejo irregular de fondos del Programa de Empleo Rionegrino, con un faltante en la rendición de cuentas de unos dos millones de pesos, de esos momentos. Llevaba bajo el brazo un video que entregó al titular del Juzgado N° 4.

La causa PER se inició en 2004 luego de la presentación de una denuncia penal del ex Fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz.También están imputados -junto con Otero ex Director de Trabajo- por el delito de «defraudación reiterada contra la administración pública», María Mirán exsubdirectora y Angle Poggi, exdirectora General de Administración de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

Siempre llamó la atención sobre la responsabilidad asignada a estos empleados, sin vinculación hacia los máximos responsables del organismo de trabajo, cuando estos hechos que se investigan corresponden al período de abril de 2001 y enero de 2003, donde se desempeñaron como Secretarios de Trabajo Alejandro Betelú, por unos meses, y luego Ana Piccinini, actualmente ambos legisladores por el radicalismo y el justicialismo, respectivamente.

Según pudo conocerse en sus declaraciones ante el juez, el imputado Otero –que apeló y espera una resolución- no aportó mucho más de lo que expresan las actuaciones judiciales que tienen idas y vueltas, atrasos, nulidades y demás vericuetos, que no hacen más de demorar las actuaciones sobre la investigación de un hecho con demasiadas implicancias políticas donde se comprometen actores con responsabilidad en los poderes del Estado rionegrino.

Gustavo Otero habría sido escueto en sus declaraciones, pero sin embargo entregó al magistrado un video que al parecer y por lo que pudo averiguar ADN, tendría como contenido documental que podría abrir otras causas derivadas de estas prueba.

El video presentado tiene algunos problemas de calidad de imagen y audio y en consecuencia, se pudo conocer que el juez Carlos Mussi pidió al imputado y su defensa que presenten una nueva prueba de imagen y sonido con mejor factura, entrega que podría concretarse en la semana.

Es un tema delicado y muy álgido para la Justicia por cuanto en este video habría pruebas que comprometerían a Jorge Amaro, ex funcionario de Trabajos por aquellos años, y a su esposa, actual jueza del Superior Tribunal, Liliana Piccinini y precisamente en el proceso investigativo de los PER.

Se trataría de la responsabilidad que le cupo a Amaro, según la denuncia de Otero, en la quema de expedientes con la intencionalidad de hacer desaparecer pruebas sobre las presuntas irregularidades investigadas en la Secretaría de Trabajo y además la intervención de la jueza Piccinini, quien habría intervenido en una especie de asesoramiento a testigos e imputados en sus declaraciones ante la Justicia, de manera de eludir responsabilidades y eventuales imputaciones a las autoridades de aquel momento en el organismos rionegrino.

El juez Carlos Mussi ya habría analizado el contenido del video y a pesar del hermetismo en el Juzgado de Instrucción N° 4, ahora correspondería remitir la documental a la fiscalía para que se analice la presunción de un delito y las conductas responsables que les pudieran corresponder a Jorge Amaro y Liliana Piccinini.

Conocedores de los tiempos judiciales estiman que la documental en manos del Juez Mussi, podría derivarse a la fiscalía en los próximos días.

Esto no es nuevo ni debería sorprender, porque cuando tomó intervención en esta causa, el camarista Jorge Bustamante aludió a las sospechas contra Amaro y Piccinini, por entonces Procuradora, y señaló en una resolución que «existe un interés público de investigar los hechos en que se podrían ver involucrados dichos funcionarios y por otra parte, deben en su caso cesar los estados de incertidumbre sobre sus situaciones, los que ya tienen largo tiempo de duración por una deficiente investigación de la Fiscalía de grado». Acompañó en la firma de este escrito a Bustamante el camarista Francisco Cerdera y en la oportunidad de abstuvo Pablo Estrabou, todos integrantes de la Cámara Penal B.

Cuando se conoció la noticia de la resolución de Bustamante, la entonces Procuradora Liliana Piccinini emitió un comunicado donde señaló que «existe un denodado intento de asociar» la investigación con «supuestas acciones» de ella y sus «más allegados familiares.

El comunicado se difundió en el sitio oficial del Poder Judicial de Río Negro –el 8 de julio del 2011- en una nota de aclaración y réplica titulada “Blanco sobre negro” ante lo que calificó como “irresponsable difusión mediática de los engorrosos y erráticos avatares procesales de una investigación penal, dirigida a establecer responsabilidades en el manejo de los dineros públicos” y además –entre otras consideraciones- manifestó que “se otorga publicidad a determinaciones judiciales, con el denodado intento de asociar aquella investigación penal con supuestas acciones de esta funcionaria y sus más allegados familiares”.

Sobre la quema de los expedientes se denunció en aquel momento que no hubo expurgo, sino la decisión unilateral de quemar papeles guardados en el archivo, donde también se mencionó a un boxeador viedmense que se habría llevado la documentación para incinerarla.

Este tema de los PER ya lleva demasiado tiempo de investigación judicial sin resolución alguna y aunque se trate de negar, siempre tuvo connotaciones políticas tanto por tratarse de Ana Piccinini (actual legisladora del FpV), Secretaría de Trabajo en esos años (quien denunció a un empleado de apellido Linares por el manejo de fondos) como por la responsabilidad que ejercía su hermana Liliana en el escalafón judicial rionegrino.

Basta recordar que recientemente el tema resurgió en el debate parlamentario del jueves pasado en la Legislatura de Río Negro, cuando en un cruce verbal, entre Ana Piccinini y Darío Berardi, el titular del bloque radical, le dijo a la legisladora del bloque justicialista que “usted está denunciada por robarle la plata a los pobres desocupados”, haciendo referencia a su paso por la Secretaría de Trabajo y la denuncia del manejo de fondos del Programa de Empleo Rionegrino.

Un tema que quema. A Liliana Piccinini, de acuerdo a lo resuelto oportunamente entre los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia, le correspondería presidir el máximo tribunal judicial rionegrino durante el período 2016.