Revisarían traslado de preso que estudia Antropología

poder judicial bariloche
Bariloche.- Un recluso de la cárcel de Bariloche, condenado a 23 años por un delito, presentó un habeas corpus para evitar que sea trasladado a un penal de General Roca porque en agosto de este año fue autorizado a estudiar Antropología en la Universidad Nacional de Río Negro y la relocalización lo privaría de cursar en tiempo y forma en la casa de estudios. La disposición del Servicio Penitenciario Provincial sería dejada sin efecto, si prospera un dictamen judicial.

El caso está contenido en un documento de la Defensoría General del Poder Judicial, emitido el jueves 22 de este mes.

Según el defensor del interno, el traslado de éste de Bariloche a Roca se efectuó a modo de castigo y le impide que continúe con los estudios universitarios que se encontraba cursando, aunque también lo afectaría en lo familiar. El abogado consideró que “no está acreditado ni mínimamente” un supuesto caso de indisciplina por parte del recluso.

El defensor también recordó que el interno se encuentra trascurriendo el último período de su ejecución, que ha sido trasladado a General Roca el año pasado y ello le impidió continuar con sus estudios universitarios en el año 2014.

“Siempre ha sostenido su deseo de cumplir su condena en su lugar de origen (Bariloche) y que estos traslados a los que ha sido sometido, denuncian una situación irregular que afectan y afectaron el ejercicio de sus derechos y ahora se ve culminada en esta sanción y castigo del traslado que implica la interrupción de su estudio cuando había podido retomarlo y su presencia en esta localidad es necesaria para poder seguir con los mismos y estar cerca de su familia”.

Insistió que “existió una decisión administrativa arbitraria, sin fundamentos valederos, dado que se realizó el traslado como castigo, como sanción, sin proceso administrativo o judicial mínimo y sin sanción que por derecho pueda corresponder, afectando el debido proceso y el derecho de defensa de su asistido”.

Por su parte, la defensora general Rita Custet Llambí advirtió que la resolución penitenciaria “se limita a rechazar la acción de habeas corpus interpuesta por la defensa de G. convalidando un acto administrativo del Servicio Penitenciario Provincial viciado de nulidad, en tanto dispuso el traslado de G. sin cumplir acabadamente con los requisitos fijados por la ley de ejecución provincial”.