El Gobierno presentó amparo para que Camuzzi suministre gas a casas entregadas por IPPV

Viedma.- Por pedido del gobernador Alberto Weretilneck, la Fiscalía de Estado de Río Negro en representación del Gobierno Provincial promovió hoy una acción de amparo colectivo en representación de la familias adjudicatarias del IPPV en el Plan de 645 Viviendas de Bariloche, que ya recibieron sus unidades habitacionales pero que no pueden ocuparlas efectivamente por falta de provisión de gas domiciliario.

La acción colectiva fue promovida por la Fiscalía de Estado contra la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A. con el objeto de obligar a la distribuidora a garantizar la conexión al suministro de gas de los vecinos de ese sector de la ciudad que así lo vienen solicitando.

En tal sentido, se aclaró que la empresa Camuzzi falta a la verdad cuando públicamente explica que la imposibilidad de habilitar nuevos suministros en este Plan de Viviendas se debe a la falta de culminación del Gasoducto Cordillerano. Esta afirmación se basa en que a pedido expreso de la firma distribuidora, la Provincia de Río Negro invirtió recursos propios superiores a los 4.000.000 de pesos a fin de ejecutar un refuerzo del gasoducto existente con el objeto de garantizar la provisión domiciliaria en las 645 viviendas, sin tener que esperar a la terminación del Gasoducto Cordillerano.

En virtud de ello, el Gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado solicitó al Superior Tribunal de Justicia intervenga en el presente caso a los fines de garantizar derechos constitucionales conculcados como son el acceso a la vivienda, vivienda digna, a la vida y a la salud de los ciudadanos perjudicados por el arbitrario e inexplicable accionar de la empresa Camuzzi.

Finalmente, cabe destacar que la acción intentada no sólo tiene en vista la situación de las familias que ya han recibido sus respectivas viviendas, sino de todos aquellos rionegrinos incluidos en el mismo plan y que se encuentran a la espera de la entrega de sus respectivas unidades.

De esta manera, se requirió al Superior Tribunal que ordene a Camuzzi “el cese en su arbitraria, ilegal y deshumanizada abstención, compeliendo a la conexión del suministro de gas, a los tres grupos de viviendas dentro del plan general de las 645, con entregas ya ocurridas (96 entregadas el 15 de mayo y 46 entregadas el 29 de mayo) y a entregarse el 5 de junio (56 viviendas)”.

Se solicita además que “ante cualquier explicación técnica que imposibilite la inmediata instalación, la demandada costee y ejecute sin demoras las modificaciones en estas viviendas para adaptarlas transitoriamente al suministro de gas por tubos, los cuales en cantidad suficiente (no menos de dos por vivienda por mes), deberá suministrar hasta que cumpla la instalación del gas natural”.