Estado deliberativo de los legislativos: malestar por la falta de aumento
Viedma (ADN).- En los pasillos y oficinas de la Legislatura, los trabajadores de ese Poder intercambian opiniones sobre qué hacer para reclamar una mejora salarial, ante la falta de respuesta a un pedido formal realizado por centenares de empleados que presentaron una nota y que no ha tenido la más mínima respuesta.
El cuadro se completa con un gremio desprestigiado y denunciado, sin ninguna capacidad de ponerse al frente de los reclamos, donde renunció un integrante de la comisión Directiva y otros analizan seguir el mismo camino. Todo ello en el contexto de un lapidario primer informe que realizó el Tribunal de Cuentas, que por unanimidad, confirmó las serias irregularidades cometidas por la conducción de APEL.
Más de doscientos empleados de la sede central, bloques y organismos de control, presentaron una nota al vicegobernador Pedro Pesatti, pidiendo un aumento del 10 por ciento en el mes de diciembre, en virtud de la inflación existente. Esta nota no tuvo ningún tipo de respuesta de parte de las autoridades.
También hay reclamos sobre la discriminación que se concretó contra algunos trabajadores que no fueron recategorizados el año pasado y otros pedidos por casos concretos de cambio de escalafón y categoría por estudios.
Por otra parte, muchos empleados piensan que el gremio no tiene capacidad de presionar a las autoridades ya que las irregularidades cometidas en la administración del Fondo de la Vivienda, que ya están en manos de la Justicia y donde se imputaron cargos contra Alejandro Gatica y Stella Sale, le restan posibilidades de defender los derechos de los trabajadores.
Esta semana, además, el Tribunal de Cuentas, por unanimidad, culminó la primera estapa de una auditoría, especialmente solicitada por los legisladores de la comisión que controla el Fondo, donde se confirmó la gravedad de las irregularidades denunciadas por varios legisladores, algunos medios de prensa y sectores internos de los trabajadores que se referencian en la agrupación Naranja.
En el lapidario informe del órgano de control se consigna que APEL presentó las rendiciones con un atraso de 20 y 14 meses y demostró que falta documentación “inherente a la rendición, que permita examinar la relación de ingresos y egresos”.
También se verificó el incumplimiento sistemático de la resolución 4/10 y su anexo reglamentario, como así también el apartamiento de las disposiciones de la ley H Nº 3186 y el decreto N º 1737/98 de aplicación supletoria en la especie, considerando que los recursos económicos que nutrían dicho fondo, correspondían directa o indirectamente de aportes realizados por diversas organismos del estado provincial.
En el riguroso trabajo del Tribunal de Cuentas se confirmó que APEL no utilizó la modalidad del Concurso de Precios para la adquisición de tierras, pese a que esto está contemplado claramente en el reglamento.
Por el contrario, Gatica utilizó de intermediaria a la inmobiliaria GAL SRL, de propiedad de su esposa Alicia Fernández, que todo indica fue probablemente creada especialmente por hacer negocios con APEL.