Senado: bloqueo opositor a la agenda kirchnerista

Capital Federal.- Miguel Pichetto ya conocía anoche las condiciones en las que deberá enfrentar hoy a la oposición en la reunión de Labor Parlamentaria donde se organizará la agenda de la sesión que el Senado tiene convocada para mañana.

Radicales, peronistas re-beldes y macristas le van a plantear que si quiere sesionar para aprobar la limitación a la responsabilidad del Estado y el proyecto de la nueva moratoria previsional, el kirchnerismo primero deberá reunir el quórum propio y si lo logra la oposición ingresará al recinto a reclamar que se debata, en el inicio de la sesión, la situación procesal de Amado Boudou y los planteos para que el vicepresidente pida licencia o se impulse un juicio político.

Todo indicaba ayer que, de seguir ese camino, la sesión de mañana corre peligro de caerse. La cuestión no implicaría cambio alguno: hace más de un mes que el Senado no sesiona.

Hasta ahora Pichetto sigue cumpliendo con la estrategia de mantener el recinto cerrado para no habilitarle tribuna a la oposición en los dos temas que complican al Gobierno: la situación de los holdouts y la negociación en Nueva York en el juzgado de Thomas Griesa y la presión judicial sobre Boudou.

Este miércoles el kirchnerismo creyó haber encontrado una ventana para volver a sesionar: con el vicepresidente en viaje por Centroamérica y la visita del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, postergada al menos por dos semanas, el horizonte parecía despejado. Pero con el radical jujeño Gerardo Morales a la cabeza, la oposición adelantó que si el kirchnerismo quiere aprobar sus leyes deberá hacerlo reuniendo el quórum en soledad; de lo contrario, Pichetto tendrá que habilitar que se discuta en el recinto la situación de Boudou, aunque el vice no esté presidiendo.

En la agenda que el kirchnerismo tiene armada hasta ahora figura en primer lugar el proyecto de ley para implementar la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, una moratoria similar a la anterior sobre la que aún no se conoce el costo fiscal final.

El problema en este caso no es el proyecto, ya que tanto el kirchnerismo como el radicalismo, el peronismo disidente y el interbloque UNEN apoyaron la medida, sino la discusión política que se cuela en el medio.

El proyecto establece que los trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino y los monotributistas «que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria dentro del plazo de dos años desde la vigencia de la presente ley podrán regularizar sus deudas previsionales».

Los trabajadores autónomos podrán regularizar su situación respecto de la deuda que mantengan por aportes, mientras que los monotributistas lo harán con relación a las deudas originadas en las cotizaciones previsionales fijas con destino al SIPA.

En ambos casos, la deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta diciembre de 2003, inclusive, y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la deuda y regirá por el término de dos años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Atrás viene el otro proyecto en danza que no cuenta con apoyo de ningún opositor: la limitación a la responsabilidad civil del Estado por decisiones u omisiones de sus funcionarios.

Uno de los puntos más conflictivos es el que establece que «el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos».

El proyecto fija que para atribuirle responsabilidad al Estado en el marco de su acción legítima debe existir «daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero» e «imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal» .

El proyecto es una consecuencia de la unificación de los códigos Civil y Comercial que eliminó del nuevo código el tratamiento de la responsabilidad del Estado, tema que ahora quedará en esta ley aparte.

Por Rubén Rabanal
Ambito Financiero