Quieren que el acuerdo con Petrobras aporte el capital para crear un Banco Provincial

Viedma.- Los legisladores Silvia Horne, Martín Doñate y César Miguel (FpV)-, proponen que el Bono Fijo generado por el acuerdo entre la provincia de Río Negro y la petrolera Petrobras, aporte los fondos necesarios como “capital inicial” para la creación de un Banco Público de la provincia de Río Negro, dejando a salvo los porcentajes que el artículo 6 de la ley 4118 asigna a los municipios.

Los parlamentarios, en un proyecto de comunicación, le solicitan al Poder Ejecutivo rionegrino que realice esa reserva de fondos del citado bono, previsto en el artículo 2 de la ley 4818 correspondiente a la renegociación del contrato hidrocarburífero entre las partes.

“Hoy se da un marco de oportunidades históricas en nuestro territorio, con la posibilidad de ingreso de recursos derivados de la renegociación por la explotación de los recursos naturales como la de hidrocarburíferos y la minería”, fundamentan.

Afirman que “es prioritario definir qué vamos a hacer con los millones de dólares que ingresarán al erario provincial”.

“Frente a la necesidad imperiosa de recuperar las potestades del estado rionegrino como motor de desarrollo y crecimiento, una banca pública o con mayoría de capital estatal, se visualiza como la herramienta más potente que podemos elaborar”, sostienen los parlamentarios, quienes creen que “una banca pública nos permitiría mejorar la gestión de la administración pública, disponiendo de recursos que hoy quedan en manos de una empresa privada”.

Luego de citar el artículo 92 de la Constitución rionegrina que reza que el banco provincial “es el instrumento oficial de la política financiera del gobierno” y “ejecuta la política crediticia”, los legisladores recuerdan el marco político-económico que derivó en la obligada privatización del otrora orgulloso Banco Provincia de Río Negro.

“El crecimiento de la deuda pública en los países de la región, fue la consecuencia común de las políticas económicas instrumentadas a partir de las dictaduras cívico-militares que asolaron la región en la década del ´70”, señalan Miguel, Horne y Doñate.

Agregan que “desarticuladas las posibles resistencias políticas y sometidos a las directivas de los organismos internacionales de crédito, los Estados accedieron a la ola de privatizaciones y entrega, sostenidas en la necesidad de achicar el gasto público desprendiéndose de los organismos e instituciones públicas, destino que sufrieron entre ellas los bancos provinciales”.

Los legisladores recordaron que “para ello se puso en marcha una arquitectura a partir del Régimen de Entidades Financieras que, con la firma del dictador Jorge Videla, posibilitó un fabuloso negocio para las entidades financieras trasnacionales con el ahorro de todos los argentinos”.

Citando a Néstor Kirchner con aquello de “la salida del infierno”, Horne, Doñate y Miguel enumeran primero el significado de la desvinculación con los organismos internacionales de crédito, la finalización de un círculo vicioso de sometimiento y del drama de la extorsión de la deuda externa, para luego referenciar que “la recuperación económica y las transformaciones sociales logradas en la última década, basadas en el crecimiento económico con inclusión social han puesto de manifiesto el rol insustituible del estado como regulador de intereses y gerente de derechos”.

“En este marco, la recuperación de la banca pública constituye una de las herramientas principales para tal fin”, estiman los impulsores de la iniciativa.

Horne, Miguel y Doñate finalizan recordando el articulado de la ley que creó el Banco Provincia de Río Negro cuando sostenía que el objeto del mismo era “promover el armónico desarrollo, mediante la asistencia a las actividades primarias, secundarias y terciarias, así como fomentar la colonización y la creación de fuentes de riqueza, debiendo estimular en forma preferente el trabajo personal, la actividad del pequeño productor, el cooperativismo, la adquisición o construcción de la vivienda o el predio familiar, la tecnificación y mecanización de la labor rural y todo cuanto conduzca a mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de cultura de la población”.