Estado rionegrino en situación de riesgo • Jorge Vallazza

El proyecto de reforma del Código Contravencional elaborado desde el Ministerio de Seguridad provincial denota un tremendo desconocimiento de la legislación vigente a nivel nacional e internacional en relación a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a no ser que – cuestión que lo haría mucho más grave y preocupante- tuviere la intención de que volvamos como sociedad a reactivar normativas propias de gobiernos autoritarios ode dictaduras.

Cabe destacar que estamos a 25 años desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde nuestro país participa, incorporadicha declaración como ley nacional en 1990 y le da jerarquía constitucional en 1994. Todo esto deriva en sendas leyesen el ámbito nacional (ley 26061/2005) y provincial( ley4109/2006) que promueven la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Si bien las nuevas legislaciones significaron un avance en términos de promoción de derechos, construcción de ciudadanía y reposicionamiento del Estado como garante de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el principal desafío que se fue planteando en estos 25 años fue poder trasladar a las prácticas concretas de las instituciones- imbuidas del paradigma previo- los avances en materia de derechos que proponen las nuevas leyes.
Lamentablemente la realidad señala que aún falta transitar un largo camino para que el espíritu de estas leyes no quede solamente en“renovar” la terminología y/o el discurso de quienes trabajan en esta problemática, y se concrete en más y mejores políticas públicas que sean acordes a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
Seguramente son múltiples las causas de esta distancia entre lo que dice la ley y lo que se hace realmente en nuestra provincia, pero se pueden sintetizar afirmando que se le otorga un escaso valor en la agenda gubernamental a las políticas públicas que deberían instrumentarse desde las áreas sociales que se ocupan de la niñez y adolescencia.
La exigua asignación presupuestaria en relación a otras áreas de gobierno, la insuficiencia de proyectos y dispositivos para atender las diversas problemáticas, la precarización laboral del personal, la ausencia de legislaciones más específicas que garanticen y reglamenten el funcionamiento de las diversas instituciones, así como que promuevan la idoneidad, capacitación y jerarquización de sus recursos humanos, son solamente algunos de los síntomas que reflejan el desinterés de las distintas gestiones provincialesdesde hace años ,en que existan políticas públicas acordes a la legislación vigente, a las políticas nacionales y a los tratados internacionales.
Se pueden reconocer esfuerzos aislados de diversos sectores por revertir esta situación, y se intentó también desde el proyecto original de gobierno del Frente Para la Victoria impulsar un cambio profundo en las áreas de niñez y adolescencia- en sintonía con las otras áreas de gobierno, los municipios y las organizaciones sociales- , pero la urgencia de utilizar esa cartera gubernamental para resolver las cambiantes alianzas político electorales internas relegaron dichas reformas y cambios a un plano secundario y postergado indefinidamente (convenios que no se cumplen, proyectos que quedan en un powerpoint, cambios de funcionarios, deudas y retrasos con las organizaciones sociales y los municipios, migración de profesionales a otras áreas del Estado,etc)
Una de las consecuencias de toda esta situación, es que se termina reproduciendo en el sector público que se ocupa de esta problemáticas una situación de vulnerabilidad similar a la que sufre la población a quien supuestamente el Estado debe garantizar el acceso a sus derechos como ciudadanos, especialmente si son niñas, niños y adolescentes, y pertenecen a sectores con falta de oportunidades y con problemáticas familiares y sociales que les impiden crecer como sujetos de derecho.
Si bien todo esto constituye un problema público de gravedad – ya que según la ley deberían ser los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerablesuna prioridad para las políticas de Estado- lo que ocurre es que sólo suelen aparecer en la agenda de gobierno cuando hay algún reclamo gremial, o cuando se los relaciona con cuestiones ligadas a la problemática de la inseguridad.
Los hechos de inseguridad donde están involucrados adolescentes de sectores populares son solamente uno de los síntomas, la punta visible del témpano, de una problemática mucho mayor que subyace invisibilizada; de una realidad caracterizada por dramáticos trayectos de vida que toman entidad pública cuando se constituyen en una noticia de la sección “policiales”.
La democracia participativa tiene el valor de que los distintos sectores que conforman la sociedad tienen variadas herramientas para influir en las decisiones gubernamentales, y pugnan por sus intereses para ser tenidos en cuenta en la distribución de los recursos públicos, y a la vez tiene como externalidad negativa que aquellos que carecen de recursos de poder para participar de esta puja y hacer valer sus derechos, terminan siendo los perdedores del sistema.
Auspiciosamente el Gobierno Nacional ha implementado en estos años políticas de redistribución del ingreso que lograron reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en la Argentina – según lo ratifican organismos internacionales como la CEPAL- pero estos avances tienen que tener su correlato en un Estado Provincial que asuma que es el principal responsable en nuestra provincia de garantizar integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en desigualdad de condiciones y de oportunidades.
Muchos de esas niñas y niños que por distintas causas crecen desde su gestación con sus derechos vulnerados, sin oportunidades socio-educativas, sin capacidad de movilización y “lobby”, sin peso electoral y frecuentementehasta rechazados por sus propias familias y vecinos por considerarlos “peligrosos”, terminan siendo visibles para la sociedad cuando se ven involucrados en hechos violentos y/o delictivos.
Normas y/o leyes que propongan bajar la edad de imputabilidad y/o encerrar a los adolescentes alcoholizados en las comisarías- por poner un par de ejemplos del debate en cuestión- son medidas improvisadas que simplemente pueden servir para “salir del paso” frente a la compleja y multifacética problemática de la inseguridad.
Paralelamente a esto, estas propuestas violan otras leyes como las referidas al tratamiento de las adicciones y le dan a la vez un poder de acción a una fuerza policial provincial que carga sobre su historia una larga y trágica secuencia de hechos de violencia institucional hacia los adolescentes y jóvenes de sectores populares.
No es cambiando las leyes que restituyeron derechos el camino para avanzar como sociedad, sino asumiendo el rol pertinente, y haciendo lo que debe hacer el Estado para garantizar que dichas leyes se cumplan de una vez por todas, más allá de los anuncios y promesas, o de lo que se instale en los medios de comunicación masivos.
Se debe avanzar sobrelas verdaderas causas de todas estas problemáticas, generar los presupuestos necesarios, poner en marcha los programas adecuados, en síntesis, implementar las Políticas Públicas que conocemos bien cuáles son – porque tenemos en nuestra región sobrada experiencia desde los trabajadores de la Infancia y la Adolescencia, tanto del Estado como de las organizaciones sociales – pero que necesitan del respaldo político consecuentey del presupuesto necesario para que sean suficientes y eficaces.
La ley marca que es el Estado el responsable de todas estos niñas, niños y adolescentes que se los define como “en situación de riesgo social”, pero si es el Estado el que no cumple, quien está realmente en situación de riesgo es el propio Estado, y por ende la sociedad toda.

Jorge Luis Vallazza
Ex ministro de Desarrollo Social (FpV)