El oportunismo político no combate la violencia institucional ● Comité contra la Tortura
En la última sesión de la Legislatura se aprobó la reforma a la ley de creación del Comité Contra la Tortura, impulsada por la Legisladora Silvia Horne, y construida en base a las demandas y necesidades detectadas en la práctica concreta por quienes integramos este organismo.
La reforma consiste en tres aspectos centrales:
1) Se modifica la integración del comité, dejando como composición de 8 integrantes, (6 representantes de ONG y 2 representantes del poder legislativo, uno por el bloque que representa a la mayoría y uno por el bloque que representa a la minoría), se excluyen los representantes del poder ejecutivo y del poder judicial.
2) Se establece que los integrantes de las ONG podrán contar con una remuneración para que trabajen con exclusividad en el mecanismo.
3) Se garantiza un presupuesto mínimo que la legislatura debe aportar de manera obligatoria.
Motiva este comunicado, las opiniones vertidas en los medios acerca de la supuesta funcionalidad de esta reforma, con la continuidad de la gestión policial y sus consecuencias, identificando a la Legisladora Horne, impulsora del proyecto y miembro activo de este Comité, como cómplice de la escalada de violencia institucional ejercida contra las personas privadas de la libertad y/o durante procedimiento policiales en cárceles y comisarías de la provincia.
Difícilmente se puedan caracterizar como críticas constructivas a las manifestaciones expuestas y suscritas por la Central de Trabajadores de la Argentina-Rio Negro, cuando pone en el centro de su análisis, a quienes día a día recorremos las instituciones del sistema penitenciario provincial y las comisarias, denunciando las situaciones gravísimas de vulneración de derechos; realizando todas las gestiones a nuestro alcance ante las autoridades responsables; incluso, oficiando como querellantes en las causas donde entendemos que se configuran situaciones de tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o y degradantes.
A partir de su creación, este Comité ha llevado a cabo una intensa labor, produciendo informes que dan cuenta de las situaciones que se ventilan, con lujo de detalles, documentadas con testimonios, registros fotográficos y en muchos casos actuando como querellantes en las denuncias presentadas.
En todas estas tareas, no se ha privilegiado la espectacularidad mediática, sino una respuesta rápida y certera del poder político para detener acciones de tortura, que por cierto nadie desconoce que ocurran.
El Comité ha señalado en sendas oportunidades y con mucha firmeza, el riesgo para la seguridad democrática, el avasallamiento de la función del servicio penitenciario y el debilitamiento del poder civil sobre la fuerza de seguridad que acrecienta la policía de Rio Negro.
En los últimos dos años, se ha ejercido y sostenido un rol y un criterio independiente.
Lamentablemente, hasta este momento no se ha contado con los medios y recursos suficientes para desplegar toda la potencialidad de este organismo, circunstancias que motivaron la reforma en cuestión. Aun así se ha sostenido una presencia permanente en los lugares de detención, realizado un total de 149 visitas que están registradas en 182 expedientes. Producto de esta toma de conocimiento in situ, se han realizado recomendaciones en un número importante ante hechos de mayor gravedad a las autoridades correspondientes en forma escrita, oral y telefónica.
El origen de esta reforma surge, unos meses después de la puesta en funcionamiento del comité, donde se empiezan a ver dificultades en el funcionamiento, por lo cual desde septiembre de 2012 se empieza a debatir los puntos de reformas, los cuales son plasmados en un documento en enero de 2013 suscripto por todos integrantes activos, tanto los representantes de las ONG, como los representantes del Poder Legislativo, de modo tal que se definieron los lineamientos generales para una reforma de la ley, dentro de los cuales están los puntos que están arriba señalados.
El proceso de elaboración de la modificación de la ley duro varios meses de debate donde participaron y realizaron aportes cada uno de los integrantes, estudiándose varios modelos de mecanismos vigentes
en nuestro país y en el extranjero, hasta que se llegó al proyecto presente. El cual se aprobó en primera vuelta.
Seguramente, se necesitan medidas complementarias y de mayor contundencia para combatir la Violencia Institucional que día a día somete principalmente a jóvenes que pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Atendiendo a ello, en forma paralela a la sanción de la presente reforma, la Legislatura aprobó una Comunicación dirigida al Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Rio Negro a los fines de promover la creación de una unidad fiscal especial para atender casos de violencia institucional, en consonancia con la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional en el orden nacional (PROCUVIN). Este proyecto también impulsado por la legisladora Horne, forma parte de las recomendaciones que este Comité viene realizando.
En este contexto, las manifestaciones vertidas por la CTA-RIO NEGRO no dejan de extrañarnos ya que ante la avanzada policial, el desprestigio y el manto de sospecha vertida sobre la tarea que lleva a cabo este Comité, atenta contra la unidad de quienes creemos en la defensa férrea de las los derechos humanos y que necesitamos para seguir avanzando en la construcción de una política de seguridad democrática, basada en la inclusión social y el respeto irrestricto por los
derechos humanos fundamentales.
No hay que ser ingenuo. Reconocer los derechos de quienes son estigmatizados por el poder factico, como lo son los detenidos, los jóvenes, los más pobres, y hacer de la violación de sus derechos una constante denuncia nunca trae aplausos ni complacencia desde los medios.
El desprestigio es una herramienta vieja, remanida. No hay que amilanarse. En momento solo cabe sostener y solidarizarse con la legisladora Silvia Horne, quien impulso el proyecto en la legislatura, elaborado por los pocos integrantes activos representantes de ONG y del poder legislativo, y no cejamos en plantarnos ante quien sea para prevenir y erradicar la tortura.
El oportunismo político no combate la violencia institucional. Extraña profundamente de la CTA. Espero que retome su tendencia a la reflexión y a la sumatoria de esfuerzos y no a la división.
Darío Rubio. Presidente. Comité Provincial de Evaluación del SeguimientoY Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes