STJ promueve implementar 12 organismos, demorados por falta de plata

San Antonio Oeste (ADN).- El Superior Tribunal de Justicia impulsa la puesta en operatividad de 12 organismos jurisdiccionales que, creados por el Poder Legislativo, actualmente no se encuentran en aquella condición por falta de recursos económicos.

Se trata del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Familia N° 8, de San Antonio Oeste, Ley K N° 4504, en trámite de puesta en funcionamiento, de acuerdo a resolución N° 35/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de juez y secretario.

 

Juzgado de Ejecución Penal de Viedma, Ley S N° 3008.

 

Juzgado de Ejecución Penal de San Carlos de Bariloche, Ley S N° 3008, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a resolución N° 24/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de juez y secretario.

Juzgado de Ejecución Penal de Cipolletti, Ley S N° 3008 y Ley K N° 4307, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a resolución N° 10/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de juez y secretario.

Implementación de segunda Secretaría en el Juzgado de Instrucción Nro. 30 de Choele Choel, resolución 690/12 STJ, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a Resolución N° 08/2013 del Consejo de la Magistratura llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de secretario.

Implementación de segunda Secretaría para el fuero de Familia en el Juzgado Civil Nro 31 de Choele Choel, resolución 690/12 STJ, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a resolución N° 08/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la elección de secretario.

Implementación de segunda Secretaría en el Juzgado de Instrucción Nro 20 de Villa Regina, resolución 690/12 STJ, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a resolución N° 08/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de secretario.

Implementación de segunda Secretaría para el fuero de Familia en el Juzgado Civil Nro 21 de Villa Regina, resolución 690/12 STJ, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a resolución N° 08/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de secretario).
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Familia, con asiento en Allen, Ley K Nº 4872.

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Familia, con asiento en Luis Beltrán, Ley K Nº 4859.

Implementación de la 2da. Cámara Laboral de San Carlos de Bariloche, Ley K N° 4824, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a Resolución N° 34/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la selección de tres jueces de Cámara.

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Familia, con asiento en El Bolsón, Ley K N° 4823, en trámite de puesta en funcionamiento de acuerdo a Resolución N° 35/2013 del Consejo de la Magistratura (llamado a concurso público de antecedentes y oposición para selección de juez y secretario.

En cambio, no se impulsa la puesta en marcha del Juzgado de Instrucci6n Penal N° 8 de San Antonio Oeste, Ley K N° 4504, ni del Juzgado de Instrucción N° 6 de Viedma, sobre la base del estado parlamentario que a la fecha posee el denominado “Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal”, que de aprobarse “conllevará a un cambio profundo y sustancial en cuanto a la estructura del Fuero Penal que implicará, concretamente y con relación directa al caso, la desaparición de los Juzgados de Instrucción Penal”.

El proyecto de presupuesto contempla que durante el año 2014 cada Juzgado de Familia de la provincia pueda contar y/o completar -según el caso- su respectivo equipo interdisciplinario, en los términos y alcances del artículo 22 de la Ley D N° 3040, objetivo que no fue posible concretar durante este año, según fuentes oficiales. (ADN)

 

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