Difunden pretensiones económicas de empleados públicos retirados del Estado

Viedma (ADN).- Los ex empleados rionegrinos retirados del Estado, bajo el polémico decreto 7, pretenderían cobrar más de 43 millones de pesos en concepto de reajuste, según estimaciones oficiales, mientras que otros cálculos ubicaron una suma cercana a los 24.000 pesos por cada uno de los 1.100 “beneficiarios”.

Algunas de esas cifras fueron difundidas esta mañana en declaraciones periodísticas por el secretario de Gobierno de Río Negro, Ariel Gallinger.

“Por primera vez hay una oferta concreta, con montos y criterios de liquidación y mecanismos de pago y desde este punto de vista es positiva la audiencia que se realizó ayer”, dijo el funcionario a un periodista de Frecuencia VYP.

Recordó que “este es un problema que viene desde el año 1997 y que significó para muchos trabajadores del Estado políticas de ajuste que se instrumentaron en la provincia y en el país”.

“En esa época los gobiernos produjeron una expulsión de trabajadores (del Estado provincial) y desde entonces hay un reclamo que realiza un grupo de 1.100 personas”, del decreto 7, agregó.

“Después de 15 años se está próximo a resolver esta cuestión”, confió el ex jefe de Policía y actual secretario de Gobienro.

Respecto de la tercera audiencia entre las partes, prevista para el 7 de octubre, Galinger dijo que “esto está en medio de una situación que involucra a muchos organismos del Estado y montos de dinero importantes, por lo cual es necesario que el Estado tenga garantía y seguridad respecto de los procedimientos y pagos y que resuelvan cuestiones de fondo”.

“Por eso, se requieren análisis que muchas veces no pueden realizarse en el marco de una audiencia solo a partir de la voluntad exclusiva de un funcionario o representantes de la otra parte, es necesario realizar consultas”.

Gallinger reconfirmó que se fijó la tercera audiencia para dentro de los próximos 15 días, cuando cada una de las partes expondrá sus puntos de vista.

“Hay un planteo de las personas retiradas decreto 7, quienes tienen una pretensión de más de 43 millones de pesos. Lo que planteamos claramente que este reconocimiento no puede ir ligado a alguna cuestión judicial”, aclaró respecto de la posición oficial. (ADN)

 

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