Di Giácomo recibió a perjudicatarios de House Vial de Roca, pero aún no hay solución

Viedma.- El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, presidió ayer en Viedma una reunión con representantes del grupo de damnificados por la empresa House Vial en General Roca, en donde se acordó «un abanico de posibles soluciones» que destrabe el conflicto.

El funcionario ratificó que una situación ilegal como es la usurpación “no da derechos” y por eso toda solución tiene como requisito desocupar las unidades.

De la reunión participaron además el secretario de Gobierno, Ariel Gallinger; el titular del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), Luis Bardeggia, así como asesores del organismo de viviendas provincial y de la Fiscalía de Estado.

Di Giácomo alertó que la respuesta del Estado debe contemplar el total de aproximadamente 600 estafados por la empresa formada por el Sindicato de Trabajadores Viales, ya que de lo contrario no sólo se cometería una segunda injusticia si sólo se atiende a quienes ocuparon las viviendas, sino que además se estaría avalando la metodología de la usurpación ilegal.

Adelantó que se revisará el listado de damnificados porque por el tiempo transcurrido probablemente algunos ya no requieran de una pronta respuesta del Estado, al tiempo que se realizará además a partir de la próxima semana un relevamiento socio ambiental de las familias ocupantes.

Entre las alternativas de solución se estableció analizar caso por caso y en función de eso establecer un listado de familias que por el puntaje podrían pasar a ocupar legalmente algunas de las 86 viviendas; otro número de damnificados podrían ser incluidos en otros planes próximos a ejecutar por el IPPV en General Roca, y un tercer grupo podría ser atendido por otras asistencias o planes que les permita, en forma individual o cooperativa, acceder a un terreno y a la construcción de una vivienda.

En términos generales los representantes de los damnificados de House Vial que están ocupando se manifestaron conformes por la reunión, por la disposición a encontrar soluciones viables y concretas por parte del Estado provincial, y quedaron en transmitir las alternativas al conjunto de ocupantes para tomar una decisión.

Di Giácomo explicó al término de la reunión que “la delegación de los ocupantes había solicitado la reunión sin ningún tipo de condicionamiento o imposición, lo que permitió hacer en el marco de un franco diálogo un diagnóstico de la realidad actual y debatir las alternativas de solución al problema”.

Explicó que “se explicó que para el Gobierno toda solución tiene que partir de la base que el universo de perjudicados a quienes el Estado debe atender no son sólo los 86 ocupantes, sino los casi 600 estafados por House Vial, cuya lista en su momento constató el IPPV y, además, que una situación ilegal no da lugar a derechos”.

Indicó que de este modo “queda supeditada la posibilidad de búsqueda de las soluciones a la desocupación previa de las viviendas usurpadas”.

Sobre las conclusiones del encuentro, señaló que “se acordó realizar un nuevo tamizado a quienes integran esa lista de 600 perjudicados, porque por el paso del tiempo seguramente muchos se han mudado, han adquirido algún terreno o alguna casa, lo cual acotaría la respuesta a dar por el Estado, facilitando la instrumentación de posibles soluciones en el marco de las 187 del plan original que oportunamente el IPPV comprometió con la empresa del sindicato vial”.

Explicó que “se acordó abrir un abanico de soluciones posibles, para lo cual se analizará caso por caso del universo de los perjudicados y estaría la posibilidad de que algunos de ellos cuyos puntajes los hace acreedores a ser adjudicatarios de las viviendas ya hechas, puedan pasar a ocuparlas legalmente”.

Agregó que “otros podrían ser incluidos en planes de viviendas que están a punto de comenzar a ejecutarse, en tanto que un tercer grupo accedería a alguna otra ayuda o plan que les permita acceder a un terreno y construir su vivienda, en forma individual o cooperativa”.

Di Giácomo anunció que en este marco de posibles soluciones, “a partir de la próxima semana técnicos del IPPV comenzarán un relevamiento y estudio socioambiental a cada una de las familias que ocupan las viviendas del plan usurpadas”.

Explicó que “se dejó en claro además que todo esto es independiente del curso de las causas penales y que aquellos ocupantes que son empleados públicos nacionales, provinciales o municipales serían pasibles de sumarios en los respectivos niveles de gobierno si no desocupan las unidades como requisito indispensable para efectivizar alguna de las alternativas de solución”.

Recordó finalmente que “a lo largo de este año el IPPV ha ido solucionando situaciones similares que se habían producido por una manejo irregular tanto de House Vial como del Sindicato de Trabajadores Viales en San Antonio Oeste, Viedma y Villa Regina; pero la situación de General Roca es especial porque concentra el mayor número de estafados, muy por encima del resto de los casos”.