Democracia o corporación judicial ● Susana Diéguez

No podemos empezar este debate sin contextualizar, sin tener en cuenta cómo llegamos hoy a pensar en la necesidad de discutir cuál es el rol del Poder Judicial, cómo debe ejercerlo y de qué manera debe constituirse. Desde al año 2003, con el Gobierno de Néstor Kirchner y actualmente con el de la Presidenta Cristina Fernández, son innumerables las transformaciones que nuestro país ha vivido.Quizá la más importante y trascendental fue la que se dio en el rol del Estado, que dejó de ser el guardián intereses sectoriales, internos y externos, para convertirse por un lado, en el territorio donde encontraron lugar las luchas populares, y por el otro en un garante de los derechos de todos los argentinos.

El Estado Nacional pasó de ser un árbitro de intereses individuales a un servidor de la comunidad, y lo hizo sobre las bases de la igualdad, la justicia social y la democracia, principios que propiciaron una notable solidez a las instituciones y una mejor calidad de vida para la gran mayoría de la población. En este contexto nos encontramos con un Poder Judicial compuesto con una estructura establecida hace 200 años y que genera una importante limitación al proceso que transitamos.

Es acá donde debemos comenzar a cuestionar su papel. Debemos saber que su independencia del poder político no lo libra de ser un poder del Estado y que por ello debe cambiar su estructura para que éste funcione armónicamente.

Cuando tenemos dos de los tres Poderes generando políticas públicas reales para que todos los argentinos tengamos la misma posibilidad de acceso a la educación, la salud, la información y el trabajo, es decir que todos y todas tengamos la posibilidad de llevar una vida digna, donde nuestros derechos sean respetados y garantizados por todos los ámbitos sociales y estatales, resulta perjudicial encontrarnos con función judicial que por autoritaria y burocrática se torna inalcanzable para los sectores con menos recursos económicos de nuestra sociedad.

Hay una realidad incuestionable, el déficit del ámbito judicial lo pagan los ciudadanos que viven en condiciones humildes. Las cárceles, que se han convertido en grandes confinamientos con objetivos cada vez más difusos, están pobladas en su gran mayoría de pobres. Esta es una de las razones más importantes por las que hay cambiar al Poder Judicial, debe dejar de ser una justicia de clase. La gran mayoría de los argentinos no tiene acceso a la justicia por no lograr sortear los numerosos obstáculos que presenta el sistema.

El Poder Judicial, quizás por su estructura arcaica y conservadora, o su poco contacto con el “mundo tangible”, sumado al sistema corporativo por el cual se va constituyendo, está minado de prejuicios internalizados en los operadores que acceden a ser parte del sistema judicial. Lo que se debe contrarrestar incorporando nuevos valores como la equidad, la igualdad oportunidades y la solidaridad.

Para lograr este propósito, las transformaciones deberían ser en dos órdenes. Primero generando una apertura democrática en cuanto a la conformación de los cuerpos colegiados del Poder Judicial. El hecho de que la sociedad interfiera en la elección de los jueces a través de representante en el Consejo de la Magistratura, le otorga legitimidad y convierte a la justicia lejana y para pocos, en un justicia construida entre todos y accesible para todos, que refleje la heterogeneidad de nuestra sociedad. Además, resulta interesante pensar en la posibilidad de que la comunidad evalúe, al igual que lo hace con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la conducta y la práctica de la Justicia.

Acompañando esto, la segunda gran transformación debería recaer sobre el manejo y el procesamiento de la información pertinente a los procesos judiciales. Necesitamos que el Poder Judicial se vuelva transparente, ágil y menos especulativo, evitando de ese modo las numeras dificultades que provocaron el desgaste y la ineficacia del sistema, como así también el descreimiento social en la Justicia. La modernización y capacitación son los medios necesarios para lograr que la información llegue en los momentos oportunos a quien debe llagar, como así también para que la ciudadanía encuentre mecanismos simples para el seguimiento del desarrollo judicial y poder realizar así las evaluaciones y consideraciones pertinentes.

Para efectivizar la ampliación de derechos y de participación que hemos obtenido los argentinos es menester que el Poder Judicial modifique su visión monárquica, sectaria y clasista, que se transforme en una institución más republicana y democrática como nuestra constitución lo establece. También resulta imprescindible que este poder tome conciencia que debe servirle a la comunidad, el pueblo es quien debe controlarlo y ser el destinatario de su función.

 

Prensa: Legisladora del FpV Susana Diéguez