House Vial: movilización, recursos judiciales y gestiones

Roca (ADN).- Los damnificados en el marco de la causa judicial por la denominada estafa de House Vial por la sobreventa del Plan de 167 Viviendas, siguen reclamando respuestas en General Roca.

Por un lado, las familias que permanecen ocupando las 87 unidades habitacionales que se encuentran construidas y están procesados por usurpación solicitarán a través de sus abogados la nulidad de las declaraciones indagatorias; mientras que las familias que no participan de las ocupaciones se movilizarán hoy a Tribunales.

Autoridades municipales reclamaron que la Justicia y el IPPV «se pongan a trabajar» para brindar una respuesta definitiva a los afectados.

El último sábado, en asamblea, las familias que decidieron no sumarse a las usurpaciones de las viviendas del Plan 167 casa, resolvieron movilizarse hoy hacía el edificio de los Tribunales de General Roca con el objetivo de reclamar el avance de la causa penal y exigir respuestas de las autoridades provinciales y del IPPV en el marco del proceso de mediación que se realiza de forma paralela a la causa penal que se tramita contra quienes optaron por ocupar las casas construidas.

Voceros de las familias que actualmente están ocupando las viviendas adelantaron que hoy los abogados patrocinantes, Oscar Pineda y Pablo Iribarren, avanzarán en la presentación de un escrito solicitando «la nulidad de las declaraciones indagatorias» de los procesados y que también «se suspendan las ampliaciones de las declaraciones indagatorias ordenadas hasta tanto haya una decisión jurisdiccional firme sobre las nulidades impetradas».

Los ocupantes argumentan a través de sus abogados patrocinantes que «en las declaraciones indagatorias se han descripto los hechos en forma exactamente igual para todos los imputados, cambiando solamente la ubicación del inmueble presuntamente ocupado. No se ha detallado la conducta individual por cada uno de los presuntos usurpadores, es decir que acción concreta fue la que desplegó el sujeto que  permita sostener una imputación».

«Una conducta general sin especificaciones no permite un adecuado ejercicio de la defensa. Si a ello le agregamos que la prueba reunida no avala ninguna de las hipótesis sostenidas en las imputaciones, estamos frente a un defecto grave que trae aparejado la nulidad de todas las indagatorias», agregaron en el escrito que presentarán esta mañana.

Por su parte, el intendente roquense Martín Soria volvió a reunirse el viernes con delegados de las familias que ocupan las viviendas que se encuentran construidas con el objetivo de solicitar que se realicen gestiones que permitan el acceso a los servicios básicos, como la energía eléctrica y el gas natural, aunque en el último encuentro solicitaron que en primer lugar se brinde el servicio de alumbrado eléctrico, algo que no está entre las posibilidades de la comuna ni de EDERSA hasta tanto el IPPV certifique el final de obra y entregue el sistema de alumbrado formalmente.

Soria también apuntó contra ex funcionarios provinciales, entre el ellos el ex gobernador Miguel Saiz, el ex titular del IPPV, Vicente Pili, y el ex legislador Daniel Sartor, «que paguen todos los responsables, esto sólo con (Carlos) Sansuerro (ex titular del Sindicato de Viales) y (Carlos) Iturburu (responsable de la cooperativa House Vial) esto no habría pasado».

«Así como a ustedes los pueden llegar a procesar por el delito de usurpación tenemos que exigir que aquellos jueces irresponsables que no investigaron correctamente, o algún que otro camarista toma medidas que son totalmente demagógicas, por que son demagógicas las medidas que tomaron los camaristas sobre todo para salvar a Sansuerro e Iturburu o a cualquier otro delincuente, tenemos que exigirle que se pongan las pilas y se pongan a trabajar», manifestó el jefe comunal.

«Lo otro que vamos a hacer es exigirle también al IPPV que traiga ese famoso listado de 269 que están depurando desde el mes de febrero y vemos si la semana que viene con intervención de la Justicia exigirle a la Justicia y al IPPV, para ver de esos 260 que supuestamente están en condiciones, que son los que están comprobados que el IPPV habilita al sorteo, ver si hacemos un sorteo, ver si ustedes tienen que salir de las viviendas, o no eso lo vemos», sostuvo Soria ante los representantes de los ocupantes.

«Yo a lo que me comprometo es a que si el lunes puede venir alguien del IPPV o ver donde nos pueden recibir», sostuvo Soria. También consideró que el IPPV no firmará los finales de obra que permitirían a los ocupantes acceder a los servicios hasta tanto los ocupantes abandonen las viviendas. También sostuvo que «colgarse» del sistema eléctrico es un delito y obtuvo el compromiso de los ocupantes de que no lo harán. (ADN)