Castro Ares y su carta abierta a la comunidad de Choele Choel

Choele Choel.- “Asumimos el Gobierno municipal, el día 4 de diciembre del año 2011. Lo hicimos con nuestra carga de sueños, ilusiones, ganas de construir con la sociedad en su conjunto, sin distinciones partidarias ni sectoriales, una ciudad mejor, convencidos que solo la unión de todos los vecinos, comprometidos en la construcción de políticas de Estado en común, inclusivas, que generen equidad y equilibrio para todos por igual, sería el mayor logro que podemos alcanzar. Lo hicimos en un marco difícil, desde lo financiero, funcional, pero sin duda, nuestra peor herencia, estaba focalizada en que, un tiempo atrás de nuestra asunción, un hecho que debería haber sido desterrado para siempre de nuestra vida cotidiana, había ocurrido en nuestro pueblo, la desaparición de un ciudadano. Desde nuestro primer contacto con Gualberto Solano y su familia, nuestro intendente, Daniel Belloso, expresó claramente nuestra posición, y a la fecha, somos consecuentes con ella.

Pedimos y somos facilitadores de todos los caminos que nos permitan alcanzar la verdad y la justicia. Para esto creemos que debemos acompañar la Justicia, respetando su independencia y acompañando en todo lo que esté a nuestro alcance su accionar, pero exigiendo celeridad y compromiso.

A la institución policial, base fundamental de la prevención del delito, y de la seguridad del orden público, garantizando en el marco de esta causa, la certeza de sus derechos y la obligación en el cumplimiento de sus funciones, dentro de las cuales debe ser prioritaria, la colaboración absoluta en el proceso de investigación y la separación temporal de aquellos miembros que pudieran estar sospechados de haber intervenido en los hechos, en defensa y preservación de los objetivos y valores de la Institución.

La desaparición de una persona durante un proceso democrático, junto a la sospecha de la posible responsabilidad en el hecho, de agentes públicos encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos, generan en la población zozobra, temor, y revive los recuerdos más terribles de la violenta dictadura que padecimos entre los años 1976 y 1983, y que nos dejara un temible saldo de 30.000 ciudadanos desaparecidos.

No podemos permitir de ninguna manera, que en pleno proceso de luto por estos lamentables hechos ocurridos en el marco de un régimen autoritario, y sin las garantías Constitucionales, pueda existir en democracia; ni la más remota sombra de estos casos. Para ello, luego de dolorosos juicios que nos recordaron los hitos más aberrantes que tiñen con sangre nuestra historia contemporánea, nos comprometimos como Nación frente al mundo y a nosotros mismos a declarar “Nunca más”.

Las instituciones y poderes del Estado, poseen cada uno derechos y obligaciones. La Constitución Nacional y Provincial, así como las leyes vigentes, prevén los mecanismos de acción para salvaguardar ambos.

En ningún caso, las personas que componen los poderes e instituciones, pueden tener más valor que ellas mismas.

El someter a un juez a juicio político, o a un policía a un sumario administrativo o un proceso judicial, no lo condena, y le asegura todas las garantías de defensa, si es que el funcionario las desea tomar. Cuando se cuestionan los procesos que siguen el curso normal y legal, lo que se deja traslucir, es la falta de intención de esclarecer los hechos.

El mejor resumen de lo expresado, es la frase esgrimida por quienes dicen defender los derechos de los policías implicados, “tocan a uno y nos tocan a todos”. Comprendo claramente el dolor y la falta de objetividad que pueda tener un familiar directo o un amigo entrañable, frente a verlos implicados en posibles hechos de tal gravedad, y acompaño a estas familias en esas circunstancias.

Lo que no puedo entender ni aceptar, es que el resultado de esto sea no permitir que se investigue y condene a los responsables, sean ellos u otros, y no se proteja y defienda la integridad de la institución, aceptando el apartamiento temporal de quienes deban ser sometidos a proceso.

Cualquiera de las personas implicadas directa o indirectamente en esta causa, tienen las garantías propias de los procesos, Daniel Solano, no tuvo ninguna. Hemos asistido en los últimos meses, a la descripción mediática de una sociedad que todos los vecinos sentimos desconocida.

En realidad, se han resaltado hechos conflictivos propios de todo nuestro país, de larga data, cuya resolución no es simple, pero mucho menos, por la sola denuncia de su existencia. Como sociedad, aunque nos cause angustia, debemos reconocer nuestras falencias, y elaborar juntos las políticas y previsiones necesarias para no repetir errores. Aún cuando nos duela aceptar que coexistimos con ellas, tenemos la obligación como sociedad de erradicar definitivamente palabras y hechos como alcoholismo, drogas, aprietes, abusos, trata de personas, violencia familiar y de género; debemos trabajar juntos para desterrar estos flagelos que nosotros mismos hemos permitido instalarse, porque se lo debemos a nuestros amigos, familia, hijos y nietos.

Vecinos, las circunstancias de la vida nos enfrentan a una situación que ninguno de nosotros esperábamos ni deseamos atravesar. Estamos frente a una crisis profunda, y en la simbología de la escritura china, el ideograma que representa la palabra crisis se compone de dos partes, una que representa el peligro, y la otra, la oportunidad. Nuestra sociedad se pone a prueba, y nos hace enfrentar los peores fantasmas.

Enfrentemos esta crisis, tomando con compromiso y responsabilidad la oportunidad que nos da, de comprometernos, apoyar y rezar por la claridad de quienes tienen responsabilidad en la investigación y justicia, dándole a don Gualberto Solano y su familia, la tranquilidad de actuar con conciencia, para que aparezcan los culpables de este aberrante hecho. Con total seguridad, a ellos la vida tampoco los preparó para atravesar esta crisis, con la indiscutible diferencia que ellos…son las verdaderas victimas !!!”

 

Daniel Castro Ares, presidente Concejo Deliberante de Choele Choel