Es recurrente el pago por legítimo abono
Viedma (ADN).- Se ha hecho habitual en la administración pública el pago de contrataciones por la figura de legítimo abono, contemplado en el artículo 90 del Reglamento de Contrataciones como una excepción y que, sin embargo, se utiliza sorteando el procedimiento normal de contratación por licitación pública, contratación directa o concurso de precios. Toda una cuestión que no es privativa de esta administración ya que fue uso de aplicación durante la administración Saiz.
El tema ha resurgido a partir de denuncias sobre irregularidades en el ministerio de Obras Públicas, que conduce César del Valle, referidas a la ejecución de obras sin licitación o contratos previos, comprometiéndose los pagos por el sistema de legítimo abono, reconocido por el propio Marcelo Catini, secretario de Obras Públicas.
Este gobierno hizo precisamente un estandarte de denuncia en la campaña electoral contra el radicalismo por ejecutar obras con sistemas poco trasparentes, incluso fue denunciado y procesado Osvaldo Milderberger e involucrado César Barbeito. Desde el Tribunal de Cuentas se criticaba permanentemente el abuso que se estaba haciendo en el uso de esta forma de pago.
La sospecha es que la administración actual paga por legítimo abono muchos contratos, eludiendo licitaciones, contrataciones directas o concursos de precios, incluso de esta manera se abonarían algunos vuelos charter del gobernador Weretilneck.
El legítimo abono está normado en el decreto H 1737/98, anexo II del artículo 90 del Reglamento de Contrataciones, que señala que “cuando el trámite de una contratación no se hubiese ajustado a las normas del presente reglamento, a los fines de evitar eventuales perjuicios al proveedor o prestador y de facilitar la regularización administrativa del trámite, el pago de los Bienes y Servicios podrá ser declarado “de legítimo abono”, y establece los requisitos a cumplir.
Se indica que el servicio se tiene que haber cumplido en forma real y efectiva con presentación de documentación de prueba como facturas, remitos, órdenes de compra y constancia de entrega; informe del funcionario responsable sobre la excepcionalidad del procedimiento utilizado y por última la Comisión Técnica Especial del Legítimo Abono evaluará la razonabilidad del pago, que luego será controlado por el Tribunal de Cuentas.
Esta práctica, que genera muchas sospechas, y que debería ser realmente excepcional hoy es de uso reiterado. Sin dudas que, como el mismo FpV denunció al gobierno anterior, se busca pasar por alto procedimientos transparentes, pero además evidencia que no hay previsión presupuestaria por cuanto se revela la carencia de planificación y falta de recursos.
El instituto del “legítimo abono” debe ser revisado por cuanto se abusa de su aplicación y siempre genera sospechas de acuerdos previos entre el contratista que accede a cobrar por este sistema y el funcionario que lo convoca.
El gobernador ha establecido que todo pago que supera los 30.000 pesos debe contar con su autorización y en estos casos habría que conocer cuáles son los argumentos que le explican sus colaboradores para pagar por este sistema.
Si hubiera previsibilidad presupuestaria el legítimo abono sería verdaderamente excepcional.
ADN