Reparación histórica a cesanteados por la dictadura: una ley que no se cumple

(Por Olivia Salom).- En el año 1976 fui declarada prescindible de mis tareas en el Instituto de Investigación y Desarrollo del Valle Inferior del río Negro (IDEVI), por quienes detentaban de facto el poder político a partir del 24 de marzo de ese mismo año.

Mi vida, como la de tantos otros ciudadanos/as, fue modificada, alterada y manipulada con el solo fin de un esquema de país absolutamente a contramano de cualquier forma de libertad y democracia.

Los proyectos que nos sostenían en lo laboral, en lo profesional y en la vida familiar, se derrumbaron para dar lugar al día a día, a los caminos oscuros y desordenados de quienes ya no podíamos valernos de lo construido hasta ese momento. Debíamos acomodarnos, sobrevivir, configurar nuestros sueños y esperanzas desde un nuevo formato. Una sociedad virtual y acuartelada asumía poco a poco que el orden y la obediencia eran, en la superficie, el «leit motiv» de este «nuevo» país. En lo profundo todo era incierto, violento, se vivía con el temor y la inseguridad que solo el desvalor interno y las conciencias aletargadas pueden provocar.

Han pasado muchos años y hoy…»cantando al sol como la cigarra…» nos vuelven a lacerar, y apelando a la memoria y a la justicia, con la primera nos lastiman y con la segunda nos niegan.

La Legislatura de la provincia de Río Negro, a través de sus legisladores, sancionó y promulgó la ley N° 5042 que reconoce un resarcimiento económico para todos aquellos que a partir del 24 de marzo de 1976 fuimos prescindidos o cesanteados en nuestros trabajos en la administración pública provincial.

Desde entonces volvimos a recordar con mayor nitidéz aquellos días de zozobra y desconcierto ante la injusticia de quitarnos también nuestros trabajos, nuestro lugar de residencia, nuestro futuro.

Y ahora le sumamos la estafa de una ley que no se cumple, la burla de una actitud hipócrita y la complicidad de una sociedad que ingenuamente asume una reparación ficticia.

Esta ley parece ser de imposible cumplimiento: el presupuesto que debe ser aprobado para dar cumplimiento a lo que ella establece, no se aprueba, y el engaño, uno más de tantos que nos suelen «regalar» desde diferentes organismos estatales, se configura una vez más. A nosotros nos arrebataron nuestros trabajos. Ellos mantienen sus ingresos del erario público. Ellos se culpan unos a otros por la imposibilidad de cumplir con sus deberes de funcionarios públicos, mientras siguen cobrando sus sueldos por un trabajo que evidentemente no terminan de realizar. Quien será el responsable?, Será el ministro de economía?, el ministro de educación?, la secretaría de DDHH?, el gobernador de la la Provincia de Río Negro? Sin duda son todos ellos.

Tenemos en la provincia de Río Negro una ley que no se cumple y víctimas del terrorismo de estado que vuelven hoy a ser víctimas de quienes en nombre de la reparación y la justicia dictan leyes que solo, y en el mejor de los casos, sirven para apaciguar gritos de conciencia, cuando no para abonar fines electoralistas.