Viviendas en Oro: La Justicia ordenó investigar a Lavín

(ADN).- Tras la condena al ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, por administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso en el manejo del plan nacional de viviendas ACU994, la causa judicial abrió un nuevo capítulo: el fiscal jefe Gustavo Herrera confirmó que investigará al actual funcionario del IPPV, Mariano Lavín, quien asumió como jefe comunal en diciembre de 2015.
La investigación se centrará en el cuarto y último desembolso del plan de viviendas, que se concretó en marzo de 2016, ya con Lavín al frente del Ejecutivo municipal. Se trata de fondos nacionales enviados para construir 12 viviendas en la localidad, proyecto que finalmente solo alcanzó a completar seis unidades. Durante el juicio a Reggioni, se constató que ese dinero -cerca de un millón de pesos en ese momento- no pudo ser plenamente justificado ni se presentó documentación que acreditara su destino final.
La suma no es menor: en valores de hace casi una década, un millón de pesos representaba un monto considerable en términos de obra pública y ejecución municipal. Sin embargo, su trazabilidad se vio afectada por la mezcla con partidas de otros planes habitacionales, como el programa nacional “Techo Digno”, lo que generó un importante desorden contable. El tribunal subrayó que la falta de documentación y de registros claros por parte del municipio deberá ser motivo de una investigación específica.
Además de las dudas sobre el uso de los fondos, Lavín podría enfrentar cargos por presunto falso testimonio. Su declaración durante el juicio fue objetada por el defensor de Reggioni, Rodrigo Martínez, ya que no coincidió con la brindada por la escribana que intervino en la certificación de documentos. El fiscal Herrera no descartó que esa contradicción derive en una causa penal aparte.
Durante el juicio a Reggioni, se dejó en claro que el cuarto desembolso fue habilitado en base a una declaración jurada que sobrestimaba el avance de obra. Aunque esa presentación fue realizada bajo la gestión de Reggioni, el dinero se recibió durante el gobierno de Lavín, quien tuvo a su cargo su ejecución y administración.
El tribunal que juzgó a Reggioni concluyó que no se investigó la ruta del dinero de ese cuarto desembolso y señaló que el análisis de responsabilidades debía continuar, dada la falta de claridad sobre el destino de los fondos y las inconsistencias administrativas detectadas.
Con este nuevo foco, la causa por el fallido plan de viviendas en Fernández Oro continúa ampliándose. Mientras se espera la etapa de determinación de pena para Reggioni, ahora será Lavín quien deberá dar explicaciones ante la justicia por su rol en los hechos ocurridos al inicio de su mandato.