OPS demandó a Bariloche por U$S 15 millones

(ADN).- En un extenso escrito de 83 páginas, la firma OPS S.A.C.I. presentó ante la justicia rionegrina una demanda contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche por incumplimientos contractuales derivados del alquiler de 18 equipos viales entre 2019 y 2023. La empresa reclama una suma total de 15.790.294,33 dólares —sin contar los intereses adicionales que se devenguen hasta el efectivo pago— por servicios prestados, equipos destruidos y cánones impagos. La demanda también exhibe, paso a paso, cómo la relación contractual atravesó un deterioro institucional que hoy enfrenta a ambas partes en una causa de alta sensibilidad política y financiera.

La historia comenzó a principios de 2019, cuando la Municipalidad, en el marco de la causa “Guevara c/ Municipalidad de Bariloche s/ Amparo colectivo”, declaró la necesidad urgente de alquilar maquinaria pesada para operar en el vertedero local y atender tareas de remediación ambiental. Ante la falta de ofertas competitivas, optó por contratar a OPS, una firma que, aunque estaba en proceso de quiebra, ofrecía precios inferiores a los valores de mercado. La contratación recibió el aval del juzgado comercial interviniente.

Con autorización judicial, OPS comenzó a prestar servicios mediante el alquiler de 18 equipos: motoniveladoras, topadoras, retroexcavadoras, excavadoras, camiones y camionetas. Según la empresa, la Municipalidad hizo uso “pacífico, regular e ininterrumpido” de esos equipos durante más de cuatro años, sin abonar los cánones mensuales acordados ni realizar el mantenimiento requerido, lo que provocó la destrucción total de seis de los vehículos.

El deterioro de la relación contractual

En la demanda, a la que tuvo acceso Radio Con Vos Patagonia, se menciona que entre 2019 y 2023, la Municipalidad realizó pagos parciales que OPS califica de “no representativos”, por un total acumulado de apenas 892.131 dólares. Durante ese lapso, la deuda no solo creció, sino que fue reconocida explícitamente por el propio municipio. En junio de 2023, según consta en la documentación judicial, la deuda reconocida ascendía a 12,5 millones de dólares; en octubre de ese año ya superaba los 13,2 millones. Incluso se propuso una quita del 40% y el pago en 48 cuotas, que fue rechazada por la empresa.

En paralelo, OPS reclamaba el deterioro de seis equipos restituidos en diciembre de 2023 en estado de inutilización total. El daño, según la empresa, fue producto de la falta de mantenimiento municipal. El valor de reposición de esas unidades fue estimado en 2.228.010 dólares, a precios de mercado de octubre de 2024.

A su vez, se sumó un nuevo concepto: el canon locativo correspondiente a los seis equipos destruidos desde su restitución, calculado hasta el 31 de marzo de 2025 en 1.443.072,71 dólares. Este monto también deberá actualizarse hasta el momento del efectivo pago.

De la negociación fallida al litigio abierto

Tras el fracaso de las mediaciones extrajudiciales, la Municipalidad inició un giro discursivo y jurídico ya en la gestión del intendente Walter Cortés: primero declaró la «lesividad» del contrato mediante la Resolución 249-I-2025, y luego rechazó formalmente el reclamo administrativo de OPS a través de la Resolución 257-I-2025. Para la empresa, estas medidas son “actos aparentes” con el único fin de evadir la deuda.

La cronología revela que la declaración de lesividad se dictó en el mismo expediente donde tramitaba el reclamo administrativo de OPS, lo cual, para la firma, demuestra que no existió voluntad genuina de investigar posibles irregularidades, sino una estrategia de defensa ante el inminente proceso judicial. OPS denunció que la Municipalidad no cuestionó la contratación durante más de cinco años, incluso con la relación contractual ejecutada y los equipos restituidos.

La demanda formal fue presentada luego de agotar la vía administrativa. El 29 de octubre de 2024, OPS interpuso el reclamo administrativo; ante la falta de respuesta, el 11 de febrero de 2025 solicitó pronto despacho. Finalmente, la Resolución 257-I-2025, del 26 de febrero, habilitó la vía judicial.

En resumen, OPS solicita el pago de tres grandes conceptos:

-Canon locativo de los 18 equipos: US$ 12.119.211,62, con intereses calculados hasta el 31 de marzo de 2025
-Reposición de los seis equipos destruidos: US$ 2.228.010, según cotizaciones de empresas proveedoras
-Canon locativo desde la restitución de los equipos destruidos: US$ 1.443.072,71

El total, al 31 de marzo de 2025, asciende a US$ 15.790.294,33, monto que deberá actualizarse al momento del pago.

Debido a su situación económica, OPS también solicitó el beneficio de litigar sin gastos, que actualmente tramita ante el Juzgado de Paz de Bariloche. La empresa, representada por los abogados Rafael Manovil, Máximo Bomchil, Julia Villanueva y Federico Campolieti, dejó además introducida la reserva de la cuestión federal para acudir a la Corte Suprema en caso de que se desestime su reclamo.

La controversia judicial está marcada por un doble discurso por parte del Estado municipal, a través de dos gestiones: primero impulsó la contratación directa con OPS con argumentos de urgencia y conveniencia pública, reconoció pagos parciales, intentó negociar y admitió la deuda; luego, revirtió su posición, declaró la nulidad del vínculo y rechazó las pretensiones de la empresa.

El caso podría tener consecuencias jurídicas de alcance nacional, no solo por el monto reclamado y el eventual precedente sobre contratación pública en contextos de emergencia, sino también por el uso político que la Municipalidad podría hacer del proceso en un año electoral.

Un golpe tras otro

Apenas un mes antes de la presentación de la demanda de OPS, el Ejecutivo local firmó un acuerdo extrajudicial con la empresa mendocina Navtour S.A. por un monto de 900.000 dólares, más 90.000 dólares adicionales en honorarios para el abogado Luciano Stella. Este convenio fue aprobado por la Comisión de Transacciones del municipio, a pesar de que Navtour no contaba con habilitación legal para operar una estación de servicio en el kilómetro 13 de la avenida Bustillo, debido a incumplimientos técnicos en sus instalaciones .

El acuerdo, firmado en octubre de 2024, estipula que el municipio no reconoce ningún hecho ni derecho a favor de la empresa, pero se compromete al pago «únicamente por razones de oportunidad, mérito y conveniencia», con el fin de evitar un litigio más costoso. Sin embargo, la falta de fundamentos técnicos y económicos sólidos en el expediente, sumado a que el propio Estado reconoce que Navtour no tenía autorización para vender combustibles, generó una ola de cuestionamientos en el Concejo Municipal. La oposición solicitó la nulidad del acuerdo y la suspensión inmediata de los pagos, pero el Ejecutivo ya abonó la primera cuota .

Este episodio, sumado a la demanda de OPS y otras controversias recientes, como la contratación millonaria de un abogado en dólares para representar al municipio en el caso OPS , y la compra de una hormigonera que sigue bajo investigación del Tribunal de Contralor, han puesto en tela de juicio la transparencia y la gestión financiera del gobierno municipal. La falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo y la ausencia de acciones judiciales concretas por parte de los actores institucionales alimentan la desconfianza y la percepción de una administración marcada por decisiones opacas y potencialmente lesivas para las arcas públicas.