Tiros y enfrentamientos en la noche viedmense

(ADN). – Esto no es nuevo, pero se incrementó en los últimos meses. La madrugada viedmense llama al concierto de balaceras que responden –por lo que se informó- a peleas de bandas de jóvenes y adolescentes, algunos de edades entre 14 y 16 años.

Todos los análisis sociológicos, antropológicos, judiciales, y otros, no revisten novedad sobre la cuestión social de fondo y el rol del Estado. Actuaciones gubernamentales, judiciales y del parlamento en la confección de las leyes, que recaen a un poder municipal impotente, que poco puede hacer y que incluso, injustamente, se lleva todas las críticas.

Hay que brindar una solución a este tema que pareciera de mayor gravedad cuando los tiroteos alarman a barrios de mejor posición económica, cuando en verdad las zonas marginales y más alejadas lo sufren a diario y no únicamente de noche.

Bastaría recurrir a la estadística policial y hospitalaria para hacer un relevamiento de cantidad de heridos de bala –sumados a la violencia intrafamiliar- edades, zonas de tiroteos, horarios y principalmente comparar estos datos con la investigación y resultado final. Todo además relacionado con los robos a domicilios particulares, saqueos en la vía pública y últimamente a la sustracción de vehículos.

Se sabe que estas balaceras se originan en bandas barriales, donde no es difícil suponer que se pelean por el control del territorio sobre “algún negocio”. También surge de los propios vecinos que se conocen nombres y domicilios y por último el grado de violencia de estas peleas.

La policía está en la primera línea, incluso sucedió en más de una oportunidad que los sectores en disputa se juntaron para enfrentar a los uniformados.

No es fácil de solucionar. Claro que no, pero valen algunas observaciones que pueden ser tenidas en cuenta, o también desechadas.

En el caso de menores es necesario contar con un lugar de alojamiento adecuado y que responda a las exigencias de las normativas legales, porque ser entregados a sus padres no sólo es un problema para sus progenitores, ya que es dable darse cuenta que no están contenidos. Detenerlos y entregarlos a sus familias es algo así como “lavarse las manos” y dejar el problema en el lugar inadecuado.

La investigación. Las líneas de análisis e investigación que corresponden a los fiscales deben llevar a conocer cómo es el negocio del tráfico de armas y municiones –seguro vinculado a los estupefacientes- pero llama la atención la facilidad con que se consiguen balas de distinto calibre. Dos o tres horas de tiroteo insumen varios cientos de proyectiles.

En Viedma y Patagones son pocos y conocidas las armerías, pero aquí no se trata del comercio legal, habilitado y controlado.

La Procuración debería estructurar un mapa de situación de los hechos en base a la información de los fiscales y trabajar en la solución de este problema, acá y en toda la provincia, pero no valen excusas como que “no podemos detener a nadie porque no hay adonde alojarlos” o “son menores y debemos entregarlos a sus padres”.

Primero aplicar el Código correctamente y no buscar el recoveco judicial para sacarse el problema de encima y segundo toda ley que se demostró que no sirve se puede modificar. A menos de cien metros de la Procuración tienen el asiento los bloques legislativos, caminando se llega rápido, como para trabajar en conjunto y darle a la ciudadanía una respuesta que siempre tiene la misma dirección: “echarle la culpa a los derechos humanos”.

Esa es una excusa perversa. Sólo hay que trabajar, poner lo que hay que poner, revisar la legislación y sobre todo darle sentido y aplicación al recurso humano de la Justicia y del Poder Legislativo para que la Policía tenga toda la garantía que están protegidos por aquellos que los superan ampliamente en ingresos salariales, pero que a la noche duermen lejos de los tiroteos.