Independencia, paridad de género y derechos humanos

La doctora Silvana Mucci, candidata a ocupar una vacante en el Superior de Justicia de Río Negro, definió sus objetivos y propósitos que motivaron su inscripción para postularse al cargo de jueza del máximo organismo judicial provincial.

Soy rionegrina. Nací en Jacobacci, viví en El Bolsón y hace 29 años que habito en Viedma. Aquí formé mi familia y tuve un hijo, planté varios árboles y escribí dos libros. Por mis residencias y mi trabajo, conozco las distintas regiones de la provincia y siento que puedo representarlas.

Hace 32 años que me recibí de abogada en la Universidad Nacional de La Plata y desde entonces sigo estudiando. No imagino otra manera de poder realizar mi trabajo.

Me he especializado fundamentalmente en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Administrativo. Cursé una Maestría en Derecho Administrativo, una Diplomatura en Adopción y tengo formación académica en Gestión Judicial, por destacar las más relevantes. Soy autora de los libros “El derecho procesal constitucional” y el “Código Procesal Administrativo anotado”.

En ocasiones, como docente de la Escuela de Capacitación Judicial, y en otras como invitada, he disertado en numerosas conferencias relativas a la acción de amparo, derecho ambiental, administrativo, reforma procesal civil y adopción.

Siempre trabajé como abogada, no he tenido cargos políticos que no fueran propios de la profesión.

Integro hace 18 años el Poder Judicial. Me siento con las condiciones de competencia y diligencia que se requieren para acceder a la máxima magistratura provincial, como lo exigen el Código de Ética para la función judicial y la Ley Orgánica N° 5190.

En el Poder Judicial inicié mi carrera como referencista, en las Secretarías Civil y de Causas Originarias del Superior Tribunal de Justicia; luego fui relatora (ascendiendo por concurso) y llegué a la máxima categoría del escalafón. En el año 2015 obtuve por concurso la titularidad de la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal, luego denominada de Gestión y Acceso a Justicia, donde sigo hasta la fecha. Aquí funcionan a mi cargo las áreas de Resolución Autocompositiva de Conflictos (mediación, conciliación, facilitación); las Oficinas de Atención a las Personas, y las Casas de Justicia –en distintas localidades-; el Centro de Planificación Estratégica, la Dirección de Comunicación Judicial, todos los Registros, el Archivo General, entre otros.

Por otra parte, desde hace seis años, trabajo en fortalecer y mejorar el Registro de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos, convencida que todas nuestras acciones deben tener como norte la protección de derechos, y en el caso particular, hacer todo lo posible para que niños, niñas y adolescentes de la provincia puedan concretar su derecho a vivir en familia.

Esta postulación para integrar el Superior Tribunal es para mí una forma de compromiso con quienes trabajan en el Poder Judicial que lo ven posible y para quienes, desde afuera, me ven cercana. Esa es mi mayor motivación, el motor que me permite transitar este proceso con entusiasmo.

Tengo la experiencia necesaria para concretar los proyectos propios y los colectivos, conozco a la gente con quien tengo que llevarlos a cabo y a los destinatarios: la ciudadanía en su conjunto.

Puedo garantizar una convivencia armónica en un cuerpo colegiado, que necesita ese especial equilibrio para lograr resolver razonablemente los conflictos entre las personas, aplicando la ley con el foco en los derechos humanos de todas las partes involucradas. Conozco la tarea que tiene una jueza del Superior Tribunal, porque he estado mis últimos 18 años en ese ámbito. A veces podré tener diferencias o miradas distintas, pero tengo la capacidad para construir acuerdos.

Puedo, además, aportar consenso social. Los más de 50 avales a mi postulación, procedentes de todas las regiones y de todos los ámbitos, así lo confirman.

Considero imprescindible respetar la paridad de género y una mirada en perspectiva de derechos humanos. Trabajar en clave de derechos humanos es una obligación, un mandato constitucional y es un propósito irrenunciable.

Es fundamental para integrar el Poder Judicial y sostener los valores republicanos, asegurar la independencia. Lo dice la propia Ley Orgánica: “La independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales”. “Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes Ejecutivo y Legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.

Estoy en condiciones de garantizar esa independencia que las personas de nuestra provincia necesitan. Es preciso fortalecer la vía democrática para la resolución de sus causas por parte de una magistratura idónea, seria, transparente y dedicada.