El Colegio advierte un embate contra jueces y fiscales

(ADN).- El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro salió a cuestionar los «ataques» contra jueces y fiscales. La entidad advierte un embate de la política y sectores de la sociedad civil. «Resultan intolerantes en un estado de derecho», aseguraron. Sin embargo, no hubo mención a que los mecanismos de la democracia también incluyen la posibilidad de acudir al Consejo de la Magistratura para revisar la conducta de los integrantes del Poder Judicial.

El Colegio, que cambió sus autoridades hace unas semanas, expresó su «repudio ante diversas denuncias penales, escarches y presentaciones ante el Consejo de la Magistratura contra magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público de la Provincia».

“Tales ataques generados producto de la disconformidad con actos funcionales, resultan intolerables en un estado de derecho democrático en tanto buscan limitar la independencia de jueces, fiscales y defensores”, recalcó la entidad mediante un comunicado.

El hecho que detonó el documento fue la declaración del legislador Luis Noale (FdT) sobre el pedido de investigación a la fiscal de San Antonio Mariela Coy por su «inacción» frente a una serie de denuncias que habría realizado Carolina Rivero previo a su femicidio. Sin embargo, hay otras acciones en la Magistratura de JSRN por la «pasividad» ante las tomas y los desalojos. También, JxC tiene una fuerte prédica contra los integrantes del Poder Judicial.

Pero existen otras denuncias. Por caso, contra la magistrada Rita Custet -que ahora integra la conducción del Colegio- que fue desestimada, por su intervención en el caso sobresueldos.

El Colegio recordó que “todos los actos y decisiones de los magistrados y funcionarios son realizados en el marco de la ley vigente y bajo el respeto absoluto del debido proceso”. Y remarco que “ante la disconformidad de las decisiones que puedan parecer erradas o no ajustadas a los intereses de una de las partes, los invitamos a que utilicen las vías recursivas existentes, las que representan un instrumento adecuado para hacer conocer la disconformidad y el disenso y acceder, en consecuencia, al control de tales decisiones mediante instancias judiciales superiores”, expresaron.

“Por ello, llamamos a la reflexión a aquellos que pretendiendo realizar un ejercicio de la libertad de expresión se manifiestan mediante denuncias infundadas y maliciosas buscando socavar la legitimidad y la independencia judicial”, finalizaron.