Controvertido fallo judicial niega desalojo de tierras en Bolsón
(ADN). – El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata emitió un controvertido fallo sobre la ocupación de tierras nacionales en El Bolsón y no hizo lugar al pedido de la fiscal Sylvia Little para el desalojo del predio del INTA ,en la reserva federal, en tanto no reconoció como querellante al organismo nacional y además le pidió al municipio, la provincia y la Nación, que en 15 días solucione el alojamiento de unas 130 familias que ocuparon 60 hectáreas.
La ocupación de tierras se realizó en dos etapas. En la primera de ellas cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el INTA cedió a un club deportivo denominado El Refugio. En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo, ubicada en la Subida de Brea, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.
El pedido de desalojo del lugar había sido solicitado por la fiscal federal subrogante de la ciudad, Sylvia Little, a partir de la denuncia que presentó el organismo nacional propietario del lugar.
En su fallo, Little sostuvo que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí” y añadió que “negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”.
En los fundamentos del fallo, Zapata menciona como antecedente inmediato la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal que fue rechazada. La nueva presentación, para el magistrado, es “una mera reiteración, ahora en sede penal, de lo rechazado” por disentir de lo resuelto.
Zapata considera que cualquiera sea la resolución del conflicto “traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si, por el contrario, en forma tardía se les otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”.
Agregó además que “no abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente– no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas”, a la vez que le pidió al INTA que, en el caso de que su predio sea desocupado, realice un exhaustivo trabajo para su protección y de esa manera evitar nuevas usurpaciones.