Villa Mascardi: el conflicto impactó de lleno en la política

(ADN).- La frustrada marcha de un grupo de vecinos de Bariloche a Villa Mascardi para protestar por la toma de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi y solidarizarse con quienes han sufrido ataques y actos intimidatorios en el lugar, desató un vendaval político que llegó al máximo nivel nacional donde quedó demostrado que las posiciones en el Gobierno no son homgéneas.

Frente a un conflicto que podía escalar y terminar en un enfrentamiento, ya que la marcha era esperada por quienes llevan adelante la toma, el Gobierno provincial decidió cortar la ruta 40 con la policía. Al no poder avanzar, los manifestantes expresaron su enojo. Hasta allí llegó la gobernadora Arabela Carreras para aplacar los ánimos y explicar los pasos a seguir, pero específicamente para indicar que la resolución de la disputa está en manos de Nación.

Desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, se dio de baja el protocolo Bullrich. La ex Ministra de Seguridad había impuesto la lógica sobre que todo conflicto con los pueblos originarios que se dieron en la cordillera (Chubut, Neuquén y Río Negro) eran producto de grupos radicalizados, con lazos con el terrorismo chileno y que tenían el objetivo de desestabilizar el gobierno de Mauricio Macri, por lo que llamó a las fuerzas de seguridad federales y provinciales a «combatirlos». En ese marco, se produjeron las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Su sucesora, Sabina Frederic, rompió esa lógica y armó una mesa de diálogo que componen el Ministerio, el INAI y organismos provinciales. Ya no hay enfrentamiento ni señalamiento. Pero el proceso no está arrojando resultados. Surge como primer inconveniente la falta diálogo con la autodenominada comunidad lof Lafken Winkul Mapu. Nación no logra encontrar interlocutores. Pero lo más complejo, es que el gobierno de Río Negro y los integrantes del lof Wiritray, no los reconocen como una comunidad organizada.

«Son encapuchados» dicen desde la gestión rionegrina, y diferencian: «con casi todas las comunidades de los pueblos originarios de la provincia tenemos relación y resolvemos los temas que se van planteando». «Somos los más perjudicados porque el territorio era nuestro, ahora vivimos amenazados y hace casi tres años que esto es una pesadilla», dijeron días atrás a La Nación integrantes del lof Wiritray, asentada en la cabecera norte del lago Mascardi desde hace mucho tiempo y la primera en la provincia en obtener la personería jurídica como comunidad desde 2000.

«Ese no es el pueblo mapuche, nuestros mayores no nos enseñaron a andar con la cara tapada», expresaron. Ratificaron un comunicado que habían dado a conocer en mayo pasado en el que desconocen a la agrupación y a sus reclamos. «Repudiamos siempre desde el primer minuto la muerte de Rafael Nahuel, y acompañamos los pedidos de justicia pertinentes. Pero utilizar políticamente el hecho de una muerte trágica para intentar en vano legitimar un reclamo territorial nulo de toda nulidad es un acto indecente, de una bajeza moral que no tiene límites», subrayaron.

Pero el conflicto escaló en lo político. Ayer, luego de la intervención de Carreras para evitar choques en Bariloche, la ministra Frederic denunció penalmente a los manifestantes. Ello provocó que el senador y el diputado de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck y Luis Di Giácomo, criticaran la acción nacional.

Para colmo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desautorizó a la titular de la cartera de Seguridad (que mantiene internas con el jefe bonaerense Sergio Berni y otros actores del sector), «el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Si hay gente tomando tierras, tiene que desalojar».

Massa quiere evitar que el cortocircuito entre Nación y Provincia llegue a mayores. Especialmente en este momento donde el oficialismo requiere de consensos amplios para aprobar la reforma judicial y el impuesto a la renta extraordinaria.

Hoy, para arribar a acuerdos, Arabela Carreras se reúne con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.