La CIDH pidió protección para la comunidad Buenuelo
(ADN).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Argentina medidas de protección a la comunidad mapuche de Buenuelo por los ataques y agresiones que recibe sistemáticamente de un grupo de propietarios privados de tierras linderas desde septiembre de 2019.
El conflicto en la región de Bariloche viene desde hace tiempo. Incluso, la semana pasada debió intervenir el INAI y el Ministerio de Seguridad de la Nación, para aplicar el nuevo protocolo de actuación.
«La comunidad Buenuleo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal está en grave riesgo”, expresó la CIDH.
En ese contexto, la CIDH solicitó al Estado nacional que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo”.
El pedido de intervención a la Comisión Interamericana fue realizado por el abogado de la Comunidad, Matías Schraer.
El organismo internacional recordó que “de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger a las personas del accionar cometido incluso por parte de terceros o particulares”; y enumeró en su resolución a los integrantes de la Comunidad -que agrupa alrededor a 60 personas entre ancianos, adultos y niños-, alcanzados por su intervención.
Con la firma de su Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao, la CIDH remitió su dictamen al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá.
Si bien el ataque del 29 de abril -protagonizado por los privados que reclaman la propiedad sobre 90 hectáreas recuperadas por la Comunidad en septiembre de 2019-, fue el más violento, la CIHD ya había requerido informes al Estado nacional en febrero pasado. La respuesta llegó en marzo.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas propuestas como beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”, indicó la CIDH.
En relación al último de los ataques contra la Comunidad, cuatro personas se encuentran imputados por los delitos de “lesiones leves”, “violación de domicilio”, “daño calificado”, “robo”, y “violación de la cuarentena”. Se trata de Víctor Hugo Vera, Facundo Alexis Vera, Antonio Mario Puñalef, y Víctor Eduardo Sánchez.