Doñate propone jerarquizar al área de Salud ante el COVID-19

(AD). – “Es necesario trabajar sobre dos puntos que observamos requieren mayores esfuerzos desde el Estado Provincial para que el sistema de salud rionegrino no ingrese rápidamente en una crisis: 1) la implementación de normas de bioseguridad tanto en efectores públicos como en efectores privados; 2) fortalecer las directrices comunes para la atención de personas mayores que están institucionalizadas”, puntualiza en un informe el senador Martín Doñate, que analiza la situación actual del área sanitaria rionegrina ante la circulación del virus COVID-19 en la provincia.

El legislador rionegrino del FdT entiende “necesario y urgente fortalecer el rol de rectoría del Ministerio de Salud provincial en las estrategias de prevención y atención de salud de los y las rionegrinas en el contexto de pandemia”.

Bioseguridad

Según este extenso trabajo elaborado por el equipo de trabajo de Doñate, analizando datos oficiales de Río Negro, en cuanto a asignaciones presupuestarias y otros vinculados al sistema de Salud, la experiencia hasta el momento despierta interrogantes sobre las falencias en la implementación de normas de bioseguridad tanto en efectores públicos como privados.

En San Carlos de Bariloche, Cipolletti, Catriel, Choele-Choel y Villa Regina hay profesionales y trabajadores de la salud en aislamiento o son casos positivos de COVID 19. Algunos efectores han decidido el cierre de los servicios de guardia o han visto afectada su forma de funcionamiento.

“En este marco proponemos que se refuercen los mecanismos de supervisión o monitoreo de la implementación de normas de bioseguridad en ambos subsistemas de salud”, propone Doñate, a la vez que considera necesario que también sea el Ministerio de Salud provincial quien promueva y organice el uso seguro y racional de los recursos para que se cumplan y garantice el cumplimiento de las normas. Si el Estado no oficia una promoción efectiva de las normas de bioseguridad será aún más complejo promover la organización de los servicios de modo tal que se logre responder en forma oportuna y segura las necesidades sanitarias de la población en el marco de la pandemia por COVID-19.

Contagio en personas mayores

Además, se advierte que hasta el momento no se observa un trabajo del Ministerio de Salud provincial, ni del Ministerio de Desarrollo Social, que aborde la prevención de contagio en las instituciones que residen personas mayores, esto es hogares de ancianos, centros de día, residencias, geriátricos, etc. Lo mismo en aquellas que residen personas con alguna discapacidad.

Estos lugares son prioritarios en el trabajo de prevención, porque es la población con más alta mortalidad frente al contagio, y porque muchos casos positivos de esa misma población pueden poner rápidamente en crisis el sistema de salud.

En este sentido se propone que se construyan protocolos de atención y prevención, que brinden información central para los pacientes, el personal y los familiares. Es necesario también que se realice un Registro Provincial de todas esas instituciones y que se monitoree el cumplimiento de los protocolos. Esos protocolos deben contener medidas generales de actuación e información, como pueden ser la prohibición de ingreso de personas que no trabajan en la institución, promoción de controles internos de temperatura de manera permanente a las/os pacientes, evitar la rotación del personal asignado para la atención directa de las personas mayores, reduciendo así el riesgo de transmisión, realizar un control estricto sobre las normas de bioseguridad, entre otros aspectos.

Déficit en el sistema

Este trabajo hace referencia a que la propia provincia reconoce en sus sitios oficiales, déficits de infraestructura, pero particularmente de recursos humanos afectados al servicio de salud, y entonces se reitera la necesidad de aplicar -de modo urgente- las medidas propiciadas en cuanto a normas de bioseguridad y la atención de las personas mayores, toda vez que si a la escasez de médicos, enfermeros y otro personal afectado al sector, se le agrega el riesgo potencial de contagio de Covid-19, nos instalamos frente a un escenario de alto peligro para este colectivo.   

Este informe señala marcadas diferencias en la distribución de recursos (humanos y de infraestructura) a nivel provincial, donde la localidad con mayor población en términos absolutos tiene una proporción significativamente menor de estos recursos y propone que ante la irrupción de la pandemia es necesario con mayor cantidad de camas, personal, insumos y equipamiento tecnológica así como tomar una serie de medidas de emergencia para evitar la propagación en la Provincia de la enfermedad viral denominada Coronavirus.

Personal de salud y capacidad de camas

Agrega el informe elaborado por el equipo del senador Doñate que si bien no hay una regla de oro que permita evaluar la cantidad suficiente de personal sanitario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los países con menos de 23 profesionales de atención de salud (incluidos únicamente médicos, enfermeras y parteras) por cada 10.000 habitantes, probablemente no se alcancen las tasas de cobertura adecuadas para las intervenciones clave de atención primaria de salud que son prioritarias en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización.

En las actuales circunstancias de emergencia económica y sanitaria y volviendo sobre los recursos presupuestarios asignados, alarman los montos y los porcentajes previstos para los vencimientos de deuda en la Provincia confrontados con los destinados al Sector Salud.

También se destaca que el conocido “Plan Castello” destinado a obras de infraestructura en la Provincia, no contempló ninguna obra destinada al sistema de salud.

En el específico caso de San Carlos de Bariloche la obra de ampliación del hospital “Ramón Carrillo” se encuentra paralizada lo cual imposibilita proyectar una ampliación de la capacidad de internación y atención en la ciudad más densamente poblada de la Provincia y con mayor disparidad en la asistencia de salud.

Presupuesto de Salud

Al analizar los recursos en el área, el informe indica que el incremento porcentual del presupuesto de Salud Pública en los dos mandatos del gobernador Alberto Weretilneck, se ubica por debajo del incremento porcentual del Presupuesto Provincial de Gastos para el mismo período. El presupuesto de Salud tuvo una pérdida constante de recursos.

Los recursos presupuestados para pagos de servicios de la deuda (capital más intereses) desde el año 2018 es casi equivalente al Presupuesto anual de Salud Pública provincial.

Llaman la atención los montos pagados por servicios de deuda. En el primer mandato, específicamente en el año 2014, se puede observar que la Provincia abonó por servicios de deuda $ 3.922,28 millones mientras que el Presupuesto en Salud fue de tan sólo $ 1.439,95.

Por último, en el segundo mandato de Alberto Weretilneck, mientras el stock de deuda creció el 419,19 %, el presupuesto provincial creció el 169,9 % y el de Salud sólo el 150,87 %.

Ha de tenerse en cuenta que los datos del Presupuesto provincial analizados precedentemente corresponden a lo previsto en cada año. No se trata de presupuesto ejecutado.

IPROSS

El informe también aborda la situación de la obra social provincial, IPROSS, que brinda cobertura a más de 150.000 afiliados, distribuidos en toda la Provincia, a través de las cuarenta y tres delegaciones, con un presupuesto total para el ejercicio 2020 de 4.400.000.000 de pesos, distribuidos en aportes personales de $ 2.190.000.000; contribuciones patronales, $ 2.000.000.000; otros ingresos no tributarios (Rentas Generales) $ 100.000.000 y otros ingresos no tributarios, $ 110.000.000.

Se destaca que, según fuentes oficiales a diciembre de 2019 el número global de deuda del organismo es un monto cercano a los $ 1.000 millones, representando más del 20% de su presupuesto para el año 2020. La mayor parte de estos pasivos son con proveedores.

En ánimo de analizar el ingreso de recursos genuinos al IPROSS se observa que las cifras que se otorgan de aumento salarial para los empleados públicos tienen carácter no remunerativo y, entonces, en sus ingresos no se cuentan ni aparecen.