Desclafisican archivos de la AMIA y limitan poder a la AFI
A más de 26 años de atentado a la Asociación Mutual Israel Argentina (AMIA), el gobierno nacional efectivizó la desclasificación de los archivos relacionados a la causa judicial, al tiempo que limitó por medio de un DNU el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El decreto 213/2020 publicado en el Boletín Oficial otorga de «carácter público» la documentación producida en diversas dependencias estatales, en particular la AFI, legajos de investigación y la totalidad de la información de las audiencias de los juicios realizados.
Según establece el nuevo decreto, se otorgará carácter público «a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».
Además, se adoptarán los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en el pasado.
Gran parte de la documentación que se encuentra a resguardo de la AFI había sido desclasificada con decretos firmados en 2015 y 2017, pero sólo tenían acceso las partes interesadas y existían gran cantidad de obstáculos para acceder a su contenido: «Pese a los numerosos antecedentes normativos, persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento».
El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales», se afirma en el Decreto 213/2020.
Por estos motivos, el Gobierno dispuso medidas de carácter urgente para garantizar el procesos de transparencia y publicidad de la información existente que «se ha mantenido secreta para la sociedad en su conjunto».