Presupuesto y género

(Por Estefanía Pozzo). – Al contrario de aquella popular canción del folclore argentino que aseguraba que “todo cambia”, hay tradiciones que nunca se modifican. Este año, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto 2020 en el Congreso, no se dijo una sola palabra sobre la cantidad de dinero que el Estado destinaría a cerrar las brechas de género estructurales en la Argentina. Una verdadera tradición que, pese a algunos avance en los últimos años, sigue intacta.

Si se analizan los documentos presentados por todos los ministerios para la elaboración del  Presupuesto 2020 están identificadas 29 partidas presupuestarias con una etiqueta particular (PPG) a través de las cuales el Estado busca hacer visible cuánto destina cada dependencia a cerrar las brechas. En total suman $227,2 mil millones de pesos, que equivale al 3,64% del presupuesto total. Para compararlo con 2019, esto significa un “avance” de 0,03 puntos porcetuales (en 2019 había sido el 3,61% del presupuesto total).

Casi la totalidad del presupuesto identificado como PPG (un 98%) se explica por las partidas de la seguridad social, es decir, AUH y pensiones a madres con más de 7 hijos. Entre ambas suman 224,2 mil millones de pesos para 2020.

¿Por qué es importante que el Estado destine recursos a cerrar las brechas de género y que, además, los identifique? Porque para poder modificar e incidir en esas diferencias estructurales es fundamental tener recursos que permitan ejecutar las políticas. Por ejemplo: las mujeres argentinas hacen el doble de tareas de domésticas no remuneradas que los varones. Esto incluye las tareas de la casa pero también las de cuidado. Si el Estado destinase presupuesto específico para atender a las necesidades de ciudado de niñxs y adultxs mayores, eso incidiría de manera positiva en la distribución de esas tareas hacia adentro de los hogares y también reduciría las brechas desiguales de género y de clase (porque sabemos que las mujeres de menores recursos tienen una carga especial). Lo mismo pasaría con las licencias por nacimiento, los programas de capacitación, la cobertura de anticonceptivos, por poner algunos ejemplos.

Los programas que luchan contra la violencia machista tienen una importancia fundamental. En un país en el que no hay cifras oficiales unificadas sobre femicidios y crímenes de odio, todo recorte y subejecución de esas partidas es, simplemente, criminal. En 2018, según las cifras recopiladas por la Corte Suprema, se registraron 278 femicidios. Hasta noviembre de este año, según un registro de la organización Mumalá, ya hubo 226 femidicios y 195 niñxs se quedaron sin madre. Las partidas más subejecutadas este año (es decir, que están disponibles pero que el Estado no “gasta”) son las que luchan contra la violencia hacia las mujeres. El Plan Nacional de Acción a cargo del INAM fue ejecutado al 4,9% y para el año que viene esa partida tiene una caída en términos reales de 76%.

Es un gran avance que en estos dos últimos años el Estado haya etiquetado las partidas presupuestarias. Esto se explica por un gran trabajo de la sociedad civil, que viene exigiendo más transparencia en la manera en la que se elaboran los presupuestos. Debe ser, además, un compromiso que asuman las próximas autoridades, porque es vital que el Estado invierta para revertir las desigualdades y que se pueda hacer un seguimiento.

Sin embargo, el mayor desafío es ampliar el concepto de “género” que se utiliza para pensar el etiquetado. Si bien el movimiento feminista presiona por el mejoramiento de la situación de las mujeres, las identidades vulneradas por el sistema patriarcal no se agotan en ellas. Personas trans, travestis y no binaries todavía son invisibles al Presupuesto. Y, cuando no son invisibles, son directamente eliminadas.

Como muestra sobra un botón: en el Presupuesto 2019 había programas de formación laboral para mujeres y personas trans, que se habían propuesto llegar a 60.000 titulares a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Esa partida fue eliminada en 2020.