El titular de la Corte bonaerense amplió su denuncia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, expuso la semana pasada sobre distintas situaciones que se viven en el territorio bonaerense como exceso de testigos de identidad reservada, arrepentidos, escuchas ilegales, espías, anónimos, presión de los medios y de los políticos y causas armadas, comparando este escenario con lo que sucede en la Justicia Federal en Comodoro Py.
De inmediato se escucharon réplicas a estas declaraciones, incluso de la propia gobernadora María Eugenia Vidal y el Procurador Julio Conte Grand, criticando al magistrado, reclamando que mencione hechos concretos y que los investigue.
La respuesta de De Lázzari no se hizo esperar y citó los casos del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que le vendía información a la banda de Marcelo D’Alessio, ya está denunciado y apartado.
El apriete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale ya está denunciado. Y hay un caso que tiene que ver con la línea de colectivos Expreso Lomas, en el que dos fiscales se lanzaron con una denuncia penal contra una jueza, pese a que el fallo de la magistrada fue confirmado por la Cámara. El caso está denunciado.
Finalmente, el jury contra un fiscal, Oscar Acevedo, que habría creado un armado en una causa por homicidio, en combinación con abogados del imputado. Son evidencias de que la “contaminación” está avanzada y ante el señalamiento de esa situación que hizo De Lazzari, ayer recibió el respaldo de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, en la voz del juez de Casación Víctor Violini.
En una nota publicada por Página12, se indica que las palabras de De Lazzari provocaron un enorme impacto porque el diagnóstico fue lapidario y también porque se trata de un jurista muy prestigioso, con una carrera intachable e independiente. En los ámbitos judiciales bonaerenses el estruendo fue enorme porque «desnudó una creciente presión de servicios de inteligencia, operaciones y aprietes, algo que resultó evidente en numerosos expedientes. Son muchos los jueces que sostienen que existe un concubinato entre el Poder Ejecutivo de La Plata, el Ministerio Público que conduce Julio Conte Grand, los servicios de inteligencia y la Casa Rosada».