Odarda y Aguiar repudiaron el protocolo Bullrich

(ADN).- La CTA Autónoma de Río Negro y el partido RIO salieron a rechazar el nuevo protocolo de seguridad que habilita a utilizar armas de fuego a las fuerzas federales y disparar en caso de «peligro inminente». Ambos espacios coincidieron en que el decreto legaliza el gatillo fácil.

Para la senadora Magdalena Odarda, la disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación, «viola el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y legalizando la implementación de la violencia por parte del Estado, principal responsable de proteger la vida y de garantizar la seguridad de todas las personas».

La líder de RIO aseguró que «el uso irresponsable del poder de fuego letal que pretende la Resolución, se encuentra destinado a disciplinar a quienes hagan uso de su derecho constitucional de manifestarse y de peticionar a las autoridades, lo que convierte a este reglamento en una herramienta que permitirá a cualquier integrante de las fuerzas matar con impunidad, convirtiendo así en ley al gatillo fácil».

«Los casos en que éste Reglamento habilita el uso letal de armas de fuego son prácticamente un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad al momento de ser cuestionados judicialmente», denunció.

La senadora prosiguió:
«Tal como lo expresan los miembros de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi), esta medida permitirá, lisa y llanamente, que se puedan realizar nuevos fusilamientos por el sólo hecho de que el sospechoso pueda ‘poseer un arma letal, integrar un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma’; por lo que “con esta norma en vigencia no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial.

A través de esta medida, el gobierno se encontrará avasallando el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que establecen los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior, permitiendo así que en situaciones tales como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras, o cualquier intento de robo en la vía pública, se permita a los policías hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente.

En definitiva, el nuevo reglamento recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales, permitiendo que se catalogue como “cumplimiento de deberes” a una enorme gama de situaciones que hoy son consideradas como irracionales y excesivas por parte de las fuerzas de seguridad, alentando así el uso de armas de fuego (policial y civil) y evitando que los agentes del estado rindan cuenta de sus acciones».

CTA
La CTA Autónoma de Río Negro también repudió el protocolo de seguridad y alertó sobre el nuevo decreto impulsado por la ministra Patricia Bullrich, que habilita a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego frente a cualquier “peligro inminente”.

Para la central obrera, «esta nueva medida no es más que legalizar el gatillo fácil, ya que los disparos con armas de fuego quedan a criterio de las fuerzas de seguridad, pueden ser realizados inclusive por la espalda y sin necesidad de dar la voz de alto».

“La resolución es muy grave y viene a profundizar descaradamente las políticas represivas del gobierno nacional. Llamamos a toda la población a rechazar esta medida que legaliza la pena de muerte en nuestro país”, señaló el secretario General, Rodolfo Aguiar.

E indico: “Observamos con suma preocupación un Estado que sigue bregando por la utilización de las fuerzas de seguridad contra el pueblo”. “No es casual que lancen estas medidas cuando no pueden resolver el hambre que azota nuestro país bajo un régimen de ajuste y exclusión”, concluyó.

La nueva normativa, que tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, «genera un marco jurídico que habilita los fusilamientos en una serie de situaciones como: cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal; cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona; cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves, entre otras que dejan lleno de zonas grises la actuación de las fuerzas de seguridad por puro criterio propio».