Lo que el fuego se llevó

(ADN). – La información sorprendió. Si bien es conocido que los tiempos judiciales superan las expectativas y paciencia de la gente, el imaginario colectivo podría ubicar la demora por conocer los resultados de la investigación por el incendio en el edificio de Tribunales de Viedma, ocurrido en 2015, como propio de esta dinámica judicial, pero no hubiera pensado que luego de tanto tiempo todo quedó sin resolución final, porque no hay pruebas suficientes para acusar en un juicio a los seis imputados.

El Fiscal Juan Pedro Peralta fue claro al referirse al sobreseimiento de los acusados. La investigación fue un fracaso, -por no usar otro calificativo- en los primeros momentos luego del incendio. Se borraron pruebas, se invadieron las dependencias afectadas por el fuego y las autoridades del STJ ordenaron rápidamente el ingreso a las oficinas del personal de limpieza, en una tarea en la que colaboraron los empleados del Juzgado Penal 4.

¿Qué se quiso demostrar en este apuro? Quizás, que la Justicia no reconocía la gravedad del hecho, que no acusaba el impacto y que era posible sacarse las cenizas de encima.

¿Cómo se justifica? Que el primer peritaje de un experto del Cuerpo de Bomberos reconoció el origen de las llamas en un problema eléctrico. Bastó esa sola opinión para simplificar la trascendencia institucional del siniestro.

No se puede negar. Fue un golpe duro, al corazón del poder político-administrativo del Estado rionegrino. Comprar sin más la teoría del cortocircuito y no analizar un posible atentado fue, a todas luces y en el proceso investigativo, un grave error quizás motivado por la propia infabilidad del Poder Judicial y la fragilidad de las normas de seguridad, donde es posible entrar a los aposentos de la señora Justicia con dos bidones de nafta y prender fuego la casa.

El error es inadmisible y tiene a todos por igual como responsables del caso. A nadie, desde los máximos responsables del STJ, camaristas, jueces, fiscales y demás funcionarios, se les ocurrió pensar lo peor y ordenar de inmediato preservar el área quemada. Si luego se determina que el motivo del fuego fue realmente un problema eléctrico, mejor y entonces sí recuperar las pérdidas.

Puede suceder en cualquier institución pública, pero nunca en el Poder Judicial.

Es posible que los autores del hecho no pensaran en la trascendencia política-institucional que provocaban, incluso una cuestión lejana a su lógica de delinquir y que tuvieron otro tipo de intenciones, pero el propio Poder tenía la obligación de no descartar nada y a la vez esbozar distintas líneas de pensamiento para la investigación.

No sólo –como bien dice el Fiscal Peralta- no se preservó el lugar para proteger eventuales pruebas como pelos, huellas digitales, pisadas y otras, sino que la investigación tuvo también otros condimentos que no son ajenos al funcionamiento de la justicia rionegrina: el mal desempeño en la tarea de algunos jueces y fiscales.

En este caso se hace referencia directa al ex juez penal Fabio Igoldi, que no produjo los allanamientos requeridos, no ordenó detenciones y privilegió un enfrentamiento personal con la fiscal Itziar Soly, que perjudicó directamente el proceso de investigación. Cuando además se hacía referencia a su amistad con uno de los sospechados.

Decenas de testigos, escuchas telefónicas, grabaciones de comunicaciones y cientos de otros procedimientos de nada sirvieron.

El Fiscal Peralta reconoció que tiene sospechas fundadas sobre la participación de los imputados como autores del incendio, pero admitió responsablemente que no cuenta con el material necesario para superar el estado de sospecha y llegar a juicio con perspectiva de obtener una condena. O sea, evitó un papelón mayor posterior. En esto lo acompañó el Fiscal Jefe Fabricio Brogna.

Al menos en Viedma, muy pocos ciudadanos no escucharon o leyeron las escuchas entre los acusados. Algunas de corte cinematográfico. Además, todos era conocidos y algunos con antecedentes en expedientes judiciales. Podría decirse que había cuasi autoincriminación, pero faltaron las pruebas que se borraron por negligencia del propio Poder Judicial y por irresponsabilidad de un juez penal, tal como ahora se reconoce pasados los años.

Todo quedó en la nada. Nunca se podrán saber los motivos del incendio que podría haberse propalado por todo el edificio de 25 de Mayo y Laprida y sólo se salvó por casualidad.

Tampoco se conocerá qué expedientes se quemaron, que causas podrían haber motivado el incendio y por qué se atacó directamente la sede del Juzgado Penal nº 4.

Fabricio Colman; Iván Colman; Roberto Morales Paz y Ricardo Becerra, Ignacio Galiano y Gustavo Salinas fueron sobreseídos en la causa por el incendio en el edificio de Justicia. Todos hace tiempo que están en libertad. Solo Becerra, conocido como el “Chanchi” Becerra sigue preso, con otras causas.

La Justicia falló en su propia casa, fue negligente, no pudo, no supo o no quiso resolver el tema.

Qué piensa el ciudadano. Posiblemente no conozca el caso, no le interese o quizás fue escéptico desde el principio, un sayo que no puede ponerse la Justicia, de la que se espera mucho más.

Otro papelón reciente. El fiscal de Choele Choel Daniel Zornita, quien había renunciado al cargo luego de haber mandado a las mujeres a lavar la ropa y planchar, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentó ante el STJ un pedido retirando su dimisión.

El inefable funcionario judicial quiere seguir “perteneciendo” y si bien pidió perdón por su publicación en Facebook, debe considerar que “ya pasó” y que aquella renuncia de los primeros días del mes fue motivada por la presión mediática y las circunstancias del momento. Ahora se arrepintió.

Habrá que esperar.