La Procuración valoró el rol de las escuelas rurales
(ADN).- La Procuración puso en valor el rol que cumplen las escuela rurales en Río Negro, más allá del ámbito educativo. El Ministerio Público esos sitios son centros de visitas periódicas para los defensores oficiales. Su titular, Jorge Crespo, estuvo en el establecimiento de Chipauquil, donde intervino por la falta de provisión de agua.
Desde el organismo, expresaron que «en aquellos parajes y pequeñas localidades que se multiplican en el territorio provincial, las escuelas rurales se erigen como centros de socialización que exceden el ámbito educativo, mucho más de lo que lo hacen en los centros urbanos. Gran parte de ellas, incluso, funcionan como residencias escolares en las que las alumnas y los alumnos viven durante la semana, evitando largos traslados desde sus viviendas en un contexto climático adverso.
Estas instituciones son, para las defensoras y los defensores rionegrinos, centros obligados de sus visitas periódicas porque se constituyen en amplificadores de todas aquellas situaciones que pueden demostrar alguna carencia de derechos económicos, culturales y/o sociales sobre la que hay que intervenir buscando resarcirlas.
Allí donde el Estado llega con mayor dificultad, la justicia busca gestionar la problemática de forma proactiva».
En ese marco, la Procuración General explicó que «comparte esta valoración procurando otorgarle celeridad a trámites que la distancia ralenta, así intervino en la resolución de la problemática producida por la falta de provisión de agua en la escuela N° 76 de Chipauquil».
El titular del Ministerio Público, Jorge Crespo, visitó la institución y luego mantuvo una reunión con la Ministra de Educación, Mónica Silva, en la que analizaron cómo dar curso a los trámites de la construcción de una perforación que dotará de agua potable la institución primaria. Del encuentro participó la Defensora de Menores, Cecilia Donate.
La Defensora General, Rita Custet, destacó lo imprescindible que resulta este trabajo “que pone la mirada en aquellas personas que aún necesitando el servicio no lo demandan, muchas veces por la simple imposibilidad de llegar a las oficinas o, peor aún, porque no conocen sus derechos o la existencia de la Defensa Pública”. “Mayor aún es la necesidad – agregó- en estos territorios lejanos que conllevan múltiples identidades cruzadas (niñez, género, ruralidad, pobreza y en ocasiones lejanía de su núcleo afectivo) que develan un alto grado de vulnerabilidad”
La acción de la defensa pretende relevar entonces, qué derechos no están siendo debidamente respetados y en este sentido trabajan situaciones colectivas así como casos individuales. Así lo explicó Daniela Galatro, Defensora de Menores e Incapaces de San Antonio quien durante la semana pasada visitó las escuelas de Jornada extendida de Cona Niyeu, Arroyo Ventana y Sierra Pailemán abordando cuestiones particulares en las que la Defensa intervino garantizando el pleno ejercicio de los derechos de los niños y niñas.
En ese contexto recorrió cada uno de esos espacios, evaluando las condiciones de sus niños, niñas y adolescentes, cuáles son las circunstancias por las que allí viven, cómo llegan, de qué forma y bajo qué parámetros brinda el servicio el Estado buscando al mismo tiempo una educación integral.
“El trabajo en cada visita es intenso y continúa cuando volvemos a nuestras oficinas a vehiculizar a través de procesos judiciales o simplemente, gestiones de intermediación, los requerimientos que constatamos en aquellos espacios”, destacó Galatro quien enfatizó en la necesidad de fortalecer la periodicidad de las visitas porque “los logros sólo se visibilizan cuando la presencia es continua”.
Cabe recordar que, a través de la correspondiente Resolución, la Defensora General aprobó los primeros días de marzo el cronograma de todo el año, procurando que cada lugar sea visitado en más de una oportunidad por los Defensores y Defensoras, para poder recabar requerimientos y volver con respuestas concretas que pueden ser desde acciones de intermediación con otras instituciones hasta el inicio o la reactivación de procesos judiciales.
Se estima que se realizarán más de 160 durante este 2018, garantizando una tarea que el Ministerio Público considera como política institucional primordial, en la que Crespo se comprometió personalmente y comprometió, además, los recursos que de la Procuración General dependen.