La pena de muerte y la chantada

(Por Ricardo Rouvier*) El 18 de setiembre de 1981, el presidente François Mitterrand envió a la Asamblea Nacional francesa el pedido de que se pronuncie favorablemente a la abolición de la pena de muerte. Fue una promesa de campaña del Partido Socialista y, una vez ganada la elección, se suponía que el presidente podría desistir porque la mayoría de la opinión pública era contraria a la supresión.

Mitterrand dio una lección de política al no confundirse lo que es una promesa electoral respecto a lo que es un instrumento coyuntural de la misma (la encuesta) y fue fiel a su convicción y la de su partido. La tendencia mundial expresada en reformas del Derecho Penal más el volumen de suspensión de las ejecuciones es a la disminución de las mismas por parte del Estado, convirtiendo la pena capital en sanciones que no involucren la vida del acusado.

En nuestro país, la pena de muerte fue abolida por la Asamblea del año XIII, pero fue reintroducida y aplicada solamente durante la dictadura de Aramburu en 1956. Hubo una aplicación ilegal en los homicidios clandestinos de la última dictadura. El 6 de agosto de 2008, el Congreso de la Nación abolió la figura en el Código de Justicia Militar, que era el último remanente de aplicación posible. ​

La cuestión volvió de la mano del consultor presidencial Durán Barba. Según textuales no desmentidos del profesional, “la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”. Vamos a analizar estos dichos, con la aclaración previa de que se trata de un colega; pero me atrevo por el hecho que Durán Barba ha introducido afirmaciones que tienen que ver con nuestra actividad profesional.

En primer lugar, el modo de enunciación empleado por el consultor sobre un dato sensible como el que se señala merecería un formato más científico, menos coloquial. Se dicen generalidades como “la gente” y luego se usa la legitimación “hemos hecho encuestas….”. Cuando decimos que hay problemas en el enunciado, es que cuando se mide ese tema, como otros igualmente delicados, depende mucho de cómo se formule la pregunta. En primer lugar, no hay pregunta general sobre la pena de muerte que no corra el riesgo de ser retórica. Porque no hay pregunta sobre ese castigo si no se tipifica la causa. Quiero decir que no hay pregunta sobre la pena de muerte si no se dice sobre qué delito estamos hablando. Obviamente, no es lo mismo una violación seguida de muerte de un o una menor que el hurto o robo de un celular en la calle. Bueno, esa referencia no está en los dichos del señor Barba.

Segundo, nuestras encuestas y de otros colegas no indican que la opinión favorable sobre la pena de muerte, inclusive de delitos aberrantes, tenga la aceptación de una “inmensa mayoría”; tampoco se pide que se reprima “brutalmente”. Hay que considerar, también, los niveles de abstracción con que se contesta. Este tema tiene una base emocional muy fuerte que hace que deba ser considerado por el analista o investigador con sumo cuidado, tanto al formular la pregunta como para hacer la lectura del resultado después. Por ejemplo: si la encuesta se produce poco después de un resonante y dramático caso, como hemos tenido varios en los últimos años en nuestro país, entonces la aguja de la opinión pública marca el acontecimiento y, tiempo después, retoma valores menos extremos.

Es verdad que la mayoría de la sociedad solicita una presencia más eficaz del Estado, tanto en lo preventivo como en lo represivo respecto al delito. En la mayoría de la opinión pública pesa negativamente una justicia lenta, permisiva (la delincuencia y la puerta giratoria, una política corrupta, etcétera, etcétera). Y, ante la violencia que en forma creciente hoy se integra en la modalidad del delito, los ciudadanos reaccionan en forma defensiva y desean una avanzada de las fuerzas de seguridad. Claro que la multiplicación que producen los medios de comunicación da cuenta en forma magnificada de hechos graves que dominan la pantalla por varios días. Pero confirmo que hay sensación de inseguridad e inseguridad real creciente.

Ahora bien, mi experiencia de investigador me ha llevado a considerar que este tema debe ser abordado con una interpretación cuidada evitando lo lineal, porque es sabido que, ante la muerte de otro, la opinión pública tiende a retroceder, de sí mismo, a posiciones más racionales, al punto que hay experiencias en otros países de técnicas de cuestionario que, cuando preguntan sobre pena de muerte (lo hacen sobre tipos de delito y no en general), agregan una pregunta posterior para los que contestan que están de acuerdo con la pena capital: “¿Si un hijo/hija suyo/a fuera el victimario/a; Ud. Igual mantendría ese acuerdo?”. Como es de suponer, el acuerdo se reduce.

Esto muestra la fuerte subjetividad que se cruza con esta cuestión. Estas técnicas se aplican, justamente, para disipar del resultado lo que es una mera opinión como reacción y ahondar sobre la convicción en la respuesta. Además, el resultado de las mediciones no debería evitar un debate profundo en el espacio de la política profesional sobre una cuestión que atraviesa la ética social.

A decir verdad, como analista político, entiendo que Durán Barba no ha hecho ninguna referencia que mere zca una mirada académica, sino más bien ha funcionado, como otras veces, como un operador en momentos en que el Gobierno cambia su política de seguridad, yendo a un esquema más severo en el tratamiento de la delincuencia. Este cambio puede ser bueno o malo, eso ya se verá, y sobre todo habrá que vigilar que no se violen derechos humanos, pero, en realidad, esta excusa de que se han hecho encuestas es una pura chantada, cuando de lo que se trata es de darle cobertura seudocientífica a dichas políticas. Los cientistas sociales pedimos que, por favor, no invoquen nuestro trabajo en vano.

Lic. en Sociología. Dr. en Psicología Social. Maestrando en Epistemología. Profesor Universitario. Titular de R.Rouvier & Asociados.
(*) Fuente: Letra P