Las políticas nacionales y la crisis frutícola

(ADN).- Un informe del Centro de Estudios Patagonia (CEP) advierte sobre el impacto que las políticas económicas del gobierno nacional tienen en la crisis frutícola. El estudio, encabezado por el economista Claudio Scaletta, indica que -a pesar de los anuncios- en los primeros 18 meses de la nueva administración la región del Alto Valle no revirtió el deterioro progresivo que ya mostraba la economía regional.

Según indica el extenso trabajo de la CEP (que reprodujo la agencia www.enestosdias.com.ar), las principales consecuencias de la economía macrista son: la caída de la cantidad y calidad de la producción y de las exportaciones -con pérdida de relevancia hemisférica en la provisión de contra-estación- así como en mercados de destino de altos precios. También la expulsión y desaparición de actores económicos. Y el progresivo abandono de la actividad principal en favor de otras tareas agrícolas de menor valor agregado, como la ganadería o la producción de forrajes, o extractivas, como la explotación de hidrocarburos no convencionales en los mismos valles irrigados.

Scaletta detalla que los históricos reclamos de eliminación de las retenciones y devaluación, en la práctica, son infundados. No obstante eso, Cambiemos profundizó esas medidas.

En los primeros 18 meses de la nueva administración la región del Alto Valle no revirtió el deterioro progresivo que ya mostraba la economía frutícola. Una continuidad que se produjo a pesar de que el nuevo gobierno satisfizo los principales reclamos de política económica sectoriales: una potente devaluación de la moneda de alrededor del 40 por ciento, beneficio cambiario que se sintió de lleno en la primera temporada (2015-16), pero que se licuó ya en la segunda (2016-17) frente a la disparada de los costos internos.

Cambiemos también atendió el reclamo de eliminación de retenciones; el remanente del 5 por ciento.

En la primera temporada, el sector recibió también el beneficio concedido sobre el final del gobierno anterior; la reinstauración de reintegros del 8 por ciento a las “exportaciones por puerto patagónico”, las que salen por San Antonio Este, incentivo que dejó de regir para la segunda temporada.

En contrapartida a los beneficios arancelarios y cambiarios actuó el shock tarifario, con fuerte incidencia en los costos de producción finales de la fruta puesta en destino.

Los primeros números del impacto Cambiemos
Sobre la base de la reconstrucción de los números del propio sector, se estima que la facturación del circuito a fines del gobierno anterior rondaba los 1.000 millones de dólares, de los que alrededor del 60 por ciento correspondían a las exportaciones y el 40 al mercado interno.

En el presente, aunque no se dispone del detalle agregado, de la consulta a los actores surge que las ventas al mercado interno mostrarían una caída en consonancia con la contracción del consumo, cuya demanda promedio de los últimos años rondó las 150.000 toneladas anuales de manzanas y entre 50 y 80 mil de peras.

La caída de la demanda interna estaría agravada, aunque sólo en el margen dados los números involucrados, por las importaciones vinculadas fundamentalmente a los circuitos del capital supermercadista.

De acuerdo a datos del Senasa, durante 2016 se registraron importaciones de manzanas por 2.992 toneladas, mientras que en los primeros 5 meses de 2017, se compraron al exterior 1.022 toneladas, aunque se destaca que estas compras se realizan fundamentalmente a Chile y durante el segundo semestre del año. A modo de comparación, las importaciones totales de 2015 fueron de apenas 113 toneladas.

En cuanto a las exportaciones tanto en 2016 como en lo que va de 2017 se registraron fuertes caídas. En 2016 se exportaron 306.943 toneladas de peras, una baja interanual del 8 por ciento y 87.709 toneladas de manzanas, una merma del 17 por ciento. En los primeros 5 meses de 2017, en tanto, se registran caídas del 12 por ciento en peras y un impresionante 27 por ciento en manzanas.

Si bien puedan encontrarse algunas explicaciones climáticas parciales para estos fenómenos, como granizos y asoleados, la potencia y continuidad de los números también son la expresión de un circuito en declinación. Panorama que se hace evidente en las chacras abandonadas, el aumento de los problemas sanitarios y los intentos de reconversión a actividades agropecuarias no intensivas y de ciclo anual.

De la observación de las exportaciones por destino sólo puede concluirse a nivel general la conservación de los volúmenes exportadas de peras a los dos principales destinos, Rusia; que no presenta variaciones, y Brasil; que crece a pesar de la recesión. No sucede lo mismo con manzanas, donde las ventas a Brasil muestran un derrumbe. También se destaca en peras la fuerte caída a los mercados europeos de más altos precios, una de cuyas explicaciones podría ser la progresiva pérdida de calidad sistémica del circuito.

La mano invisible del Estado
Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, los aportes estatales desaparecieron. Incluso al nivel provincial, como es el caso del seguro contra granizo. Lo mismo sucedió con el apoyo que recibían las cámaras de productores, lo que sumado a la salida de la mayoría de ellos del circuito se traduce hoy en una virtual falta de representación y resistencia. El Alto Valle se convirtió, para los chacareros independentes, en la tierra del sálvese quien pueda.

Como suele suceder en economía, el ocaso presenta siempre resultados heterogéneos: mientras unas pocas grandes empresas absorbieron chacras y se enriquecieron, miles de productores vendieron, alquilaron o lotearon sus tierras. Aunque el Senasa informaba que en el año 2016 quedaban en la provincia de Río Negro 1.962 productores de pepitas, en la actualidad, según informantes calificados del sector, se estima que sólo restan menos de un millar de chacareros independientes, frente a los alrededor de 15.000 en la etapa de auge del circuito. Debe destacarse que esta expulsión de actores no fue un proceso capitalista típico, de concentración “virtuosa” por cambio tecnológico y aumento de la escala de la producción, acompañado por la expansión de las cantidades producidas y el aumento de la productiuvidad, sino de una concentración “viciosa” a costa de los sectores más débiles y en el marco de una pérdida de calidades y cantidades producidas.

Si bien las responsabilidades del ocaso son compartidas entre todos los actores del circuito, el capital comercializador-empacador fue, frente a la ausencia efectiva del Estado, el conductor de hecho del circuito, tarea en la que atentos a los resultados mostró una probada impericia. En segundo lugar las responsabilidades corresponden al Estado, tanto nacional como provincial, por su ausencia de intervención en el problema principal: la formación del precio primario, el mecanismo de extracción de renta.

Los abundantes diagnósticos que explican los problemas por el deterioro agronómico de la producción, el estancamiento de la productividad por hectárea y las modificaciones en los mercados de destino, a las que suman las volatilidades macroeconómicas o cuestiones como la presión impositiva o el acceso al financiamiento, confunden efectos con causas.

Si el precio de la primera venta no alcanza para conseguir la reproducción simple del capital, todo el edificio se derrumba.

Mirando al futuro, sin rentabilidad primaria no se podrán atraer ni sostener las inversiones imprescindibles para el sostenimiento del circuito en el tiempo. Conseguir rentabilidad primaria demanda cambiar el sistema de comercialización, una tarea que debe ser asumida por el sector público.