ATE criticó el cierre de las delegaciones de la Defendoría

(ADN).- ATE salió a repudiar el cierre de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo y los consecuentes despidos. Pidió la reincorporación de los trabajadores y una reunión con la titular del órgano de control, Adriana Santagati. Y deslizó la sospecha que las acciones estén consensuadas con el gobierno provincial.

“Los nuevos Defensores del Pueblo no alcanzaron a sentarse en sus despachos y ya comenzaron a defender los intereses del Gobierno, perdiendo autonomía. No descartamos que esta decisión haya sido previamente acordada con el poder, paradójicamente al que tienen que controlar, que es el Ejecutivo” indicó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Y aseguró: “Esto perjudica al pueblo y beneficia a éste y a los futuros gobiernos. Demandamos una audiencia urgente con Santagati y Domínguez y no descartamos medidas de acción directa en el corto plazo”.

El gremio cree que el cierre de las delegaciones son, por un lado, producto de “una persecución política gravísima” y, por el otro, “se busca consolidar una política de ajuste y recorte de gastos en la Defensoría” aseguraron.

“Esto vulnera de manera directa los derechos de acceso que tiene la ciudadanía al servicio constitucional de defensa ante los abusos actos u omisiones del Estado que afecten a las personas o sociedad” subrayó Aguiar.

Desde ATE no se descarta que “semejante retroceso institucional” haya sido acordado con el Poder Ejecutivo, “ya que el beneficiado directo de esta medida es el Gobierno Provincial que encabeza Alberto Weretilneck”. “En la práctica -explicaron- se traducirá en la imposibilidad de realizar denuncias o presentaciones requiriendo la intervención de la Defensoría del Pueblo en toda la provincia, salvo en la capital provincial (Viedma), vulnerando de esta manera uno de los derechos más básicos y elementales de los que pueden ser ejercidos en democracia”.

El sindicato aseguró que no existe posibilidad que el reciente acuerdo alcanzado por el organismo de control con el Poder Judicial pueda suplir las funciones que cumplían las oficinas cerradas.

ATE exigió “la inmediata reincorporación” de todos los empleados que fueron cesanteados, estimando que se trata de entre 25 y 30 trabajadores, y evalúa la posibilidad de convocar a la realización de medidas de fuerza en el referido organismo durante los próximos días.